El anteproyecto de Ley de Propiedad Social, que en la actualidad discuten en el Parlamento, señala en su artículo 5 que el Ejecutivo nacional podrá tomar cualquier bien y declararlo de "propiedad social" cuando establezca que su "actividad productiva no esté orientada a satisfacer las necesidades reales de la población o no se corresponda con los intereses nacionales y el modelo socioproductivo".

La séptima disposición del borrador, elaborado por el diputado Ulises Daal (PSUV-Falcón), indica que Miraflores "declarará del dominio de propiedad social aquellos bienes, que de acuerdo con los planes nacionales de desarrollo económico-social y a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para el Desarrollo de la Economía Socialista, así como a los niveles de organización, formación y capacitación técnica de comunidades y sectores sociales, puedan ser transferidos a éstos para su manejo y administración".

Daal aclara dos cosas: primero, lo aquí expuesto forma parte de un "papel de trabajo", que aún es revisado en la Comisión de Participación Ciudadana de la AN. Segundo, que esta propuesta "no limita ni elimina la propiedad privada".

"La propiedad social será una institución que coexistirá con el resto de las formas de propiedad legalmente reconocidas en el país, y viene a responder a una necesidad histórica de la democratización de la propiedad", sostiene el legislador.

El concepto de propiedad social forma parte del frustrado proyecto de reforma a la Carta Magna. Allí se le define como "aquella que pertenece al pueblo en su conjunto y las futuras generaciones". En cambio, el esquema que estudia la AN especifica: "Es la posesión material de entidades económicas o con potencialidades económicas, destinadas o proyectadas a la satisfacción de necesidades humanas o producción de obras, bienes o servicios, que por derecho y naturaleza propia son de propiedad colectiva e interés estratégico, tanto para la soberanía plena como para el desarrollo humano integral nacional".

Daal niega que haga falta cambiar la Constitución para incluir esta figura. "Nos basamos en los artículos 70, 118, 184 y 305 del texto fundamental", acota.

En 2007 el Presidente también quiso modificar las normas 70, 184 y 305 del pacto de 1999.

Todos iguales En el documento, compuesto por 41 disposiciones, fijan que Miraflores dictará medidas que tiendan a "declarar de propiedad social los bienes de origen público o privado, que determine necesarios para el desarrollo de la economía socialista".

Además, el Ejecutivo nacional tendrá que "promover la organización, la formación, la capacitación técnica y la instrucción militar de los trabajadores para la conformación de las Unidades Productivas Socialistas". Las mencionadas unidades son descritas como "núcleos organizativos de trabajadores y trabajadoras con la aspiración de ejercer el manejo y administración de las empresas socialistas".

Sus integrantes deberán "asumir el compromiso del trabajo productivo por la Patria y, en consecuencia, otorgar prevalencia en el desarrollo de sus actividades al interés colectivo sobre la reproducción de capital".

En cuanto a las condiciones laborales que regirán a las empresas socialistas, se plantea "la no diferenciación en los beneficios económicos por la ubicación jerárquica en el trabajo".

Nuevas estructuras Para impulsar la propiedad social sugieren la creación del Consejo Central para la Planificación de la Economía Socialista, encabezado por 12 ministros. Una de sus atribuciones sería realizar el "inventario de bienes y recursos constitutivos, pertenecientes al Estado o a la propiedad privada, con posibilidades de constituirse en medios de producción, susceptibles de ser declarados de propiedad social".

Además, abogan por la instalación del Fondo Intergubernamental para la Economía Socialista. La instancia contará entre sus fuentes de financiamiento con un porcentaje (aún por precisar) de los "ingresos extraordinarios" provenientes del aumento de los precios del barril de petróleo.

Con la Red de Comisarios y Comisarias de la Producción Socialista, aspiran a "inspeccionar los niveles de productividad, distribución, calidad y precios de los productos de las empresas socialistas, de acuerdo con los lineamientos y programaciones del Consejo Central de Planificación, a través de su Coordinación Ejecutiva".

De convertirse este borrador en ley de la República, el Poder Legislativo tendrá que modificar el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Licitaciones, la Ley Orgánica de Planificación de la Administración Pública, la Ley de los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas y la Ley de los Consejos Comunales.

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