Para Chávez era imperativo desviar las múltiples acusaciones como responsable de la masacre
La salvaje sentencia a 30 años de prisión para
los tres comisarios y cinco PM se ha convertido en la más
contundente prueba de la utilización oficial de la justicia
para desviar la atención de la opinión pública
sobre los crímenes gubernamentales. Chávez, mentor
de esta sentencia, y la "jurista del horror" -como ya muchos
llaman a la politizada jueza Marjori Calderón- no calibraron
los miles de barriles de gasolina que están lanzando
a la candela nacional, indignada como está por los incumplimientos
laborales y sociales, por la crisis generada en la corrupción
y despilfarro oficial, y sobre todo por la creciente violencia
que arrasa vidas y bienes de los venezolanos.
Hay que conocer la brillante defensa de los comisarios Vivas,
Forero y Simonovis a través de la cual desmontan, por
falsas, todas las acusaciones de la Fiscalía (representada
por la fundamentalista hermana del ministro de policía
del régimen) y leer la aberrante sentencia de la jueza
Calderón, para convencernos de que los comisarios y PM
estaban condenados antes de ser emitida la orden oficial de
privación de la libertad. Para Chávez era imperativo
desviar las múltiples acusaciones dirigidas hacia él
como el responsable de la masacre de inocentes ocurrida el
11 de abril de 2002. Todos escuchamos a Barreto mandando a
las huestes chavistas a atacar con violencia la pacífica
marcha. También escuchamos las órdenes de Tiburón
1 (Chávez) a Tiburón 2 (general Rosendo) para que
aplicase el Plan Ávila, o lo que es lo mismo,
para que los militares disparasen contra los marchistas.
Vimos la macabra cadena emitida con el fin de que la televisión
no transmitiera la matanza que ocurriría después
y que ejecutarían los francotiradores ubicados en zonas
de seguridad militar (azotea del Edén y otros
similares) y los pistoleros de Puente Llaguno (PPLL).
Tan maquiavélica fue la estrategia, que los canales de
televisión tuvieron la valentía de partir la pantalla
para que Venezuela y el mundo pudieran presenciar el horror
programado desde el Poder.
Lo que ocurrió después ya es harto conocido. La
mayoría parlamentaria oficial nunca permitió el
nombramiento de una "Comisión de la Verdad", negativa
subrayada por una campaña sistemática de satanización
de los comisarios Vivas, Forero y Simnonovis, mientras que
los PPLL (en su mayoría con antecedentes penales
y con carnet de funcionarios públicos) eran los buenos.
Las nítidas imágenes de televisión en las que
Richard Peñalver y otros disparaban frenéticamente
contra la marcha, eran, según la versión oficial,
una manipulación mediática. Ya con el aparato judicial
convertido en arma para castigar a los inocentes y exculpar
a los verdaderos criminales, la jueza Calderón cerró
el ciclo del horror: los PPLL fueron liberados en tiempo
récord y vitoreados como héroes de la revolución,
mientras que los Comisarios y los cinco PM fueron condenados
a 30 años de prisión.
Sobran pruebas de que, desde el Gobierno, se ampara a miles
de delincuentes que fungen como defensores de la revolución
y se constituyen en grupos de choque para causar terror en
la población. Sorprende comprobar cuántos sujetos
con antecedentes penales están en la nómina oficial.
Además de los PPLL, hay un gran número de
policías de la PM empleados por Barreto provenientes
de grupos delictivos del 23 de Enero, como Tupamaros, La
Piedrita y otros. Todos ellos gozan de impunidad para
la comisión de sus delitos. Por ejemplo, el único
sobreviviente del tiroteo que dejó a tres personas asesinadas
en la Autopista Francisco Fajardo, Carlos Bolívar, había
asesinado a un joven en 2006 lanzándolo desde lo alto
de un centro comercial cuando salían de una discoteca,
y herido a otro. Los detectives del Cicpc se sorprendieron
al encontrarlo en la clínica privada donde fue internado,
pues lo suponían preso. Fue liberado por un juez rojo
rojito al saber que Bolívar se desempeñaba como
escolta de un vecino del 23 de Enero nombrado por Barreto
Secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor.
En la actualidad Bolívar es funcionario de la AN. En
el allanamiento al edificio Potosí (que los invasores
llenaron de pancartas a favor de Chávez) se encontró
a 13 homicidas, entre ellos al jefe de la banda, quien había
descuartizado al jefe anterior y lanzado sus brazos al Guaire,
acusado de desmembrar a sus víctimas y practicar fútbol
con sus cabezas. Al ser detenido, presentó una credencial
como funcionario de Protección Civil (¡la protección
civil en manos de una descuartizador!).
En 2008 se cometieron en Venezuela 14.400 homicidios y en
el primer trimestre de este año 4.659. Eso indica que
al finalizar 2009 se habrán registrado más de 18
mil crímenes. Mientras los delincuentes gozan de impunidad,
los Comisarios son condenados a la pena máxima y la GN,
la DIM y la Disip reprimen a Rosales y a Ledesma. ¿Puedes
asegurar que el próximo no serás tú?
mcolomina@gmail.com
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