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Principios y garantías penales
RAFAEL EDUARDO ABREU |  EL UNIVERSAL
martes 7 de abril de 2009  04:38 PM

Los principios y garantías penales son llamados las reglas de juego fundamentales del derecho penal, los cuales han sido incorporados íntegros y rigurosamente a las constituciones y codificaciones internas convirtiéndolos de esta manera en principios jurídicos del moderno Estado de Derecho.

Ellos fueron elaborados por el pensamiento iusnaturalista de los siglos XVII y XVIII y no solamente han marcado el camino sino que también han delimitado firmemente la función de los legisladores penales y de los jueces en el juzgamiento penal. De igual forma, han protegido la seguridad del ciudadano frente al poder punitivo estatal, al brindarle toda posibilidad de conocer el ámbito de lo que penalmente está prohibido y lo que jurídicamente es permitido.

Los principios no son en el fondo otra cosa que una especie de sedante o control del dolor que la pena es y difunde y aquella garantía de los ciudadanos para esa esfera intangible de libertad.
Más allá de la heterogeneidad y de la ambivalencia de sus presupuestos filosóficos y teóricos, tales principios forman en su conjunto un sistema coherente unitario configurándose, antes que nada, como un esquema epistemológico de identificación de la desviación penal encaminado a asegurar, respecto de otros modelos de derecho penal históricamente concebidos, el máximo grado de racionalidad y de fiabilidad en los juicios y, por tanto, de limitación de la potestad punitiva y de tutela de la persona individual contra posibles arbitrariedades estatales. El insigne profesor Florenciano de filosofía y teoría general del derecho Luigi Ferrajoli agrupó diez axiomas a los que llamó principios: de retributividad de la pena respecto del delito, de legalidad, de necesidad o de economía del derecho penal, de lesividad del acto, de materialidad de la acción, de culpabilidad, de jurisdiccionalidad, de la separación entre juez y acusación, de la carga de la prueba y del contradictorio. Estos diez principios definen el modelo garantista del derecho penal y uno de ellos, el de estricta legalidad, ha sido propuesto como técnica legislativa específica dirigida a la negación, por arbitrarias y discriminatorias, de normas penales de carácter constitutivo como por ejemplo fueron las de aquellos ordenamientos jurídicos de siglos pasados que perseguían a brujas y herejes y más recientemente las que castigaban a los vagos (ley sobre vagos o maleantes en Venezuela, ya abrogada), los que son proclives a delinquir y los considerados socialmente peligrosos.

Se anuncia en Venezuela la reforma total o creación de un nuevo código penal por diversas razones, entre ellas, la vetustez del vigente que ha determinado un indeseable proceso de dispersión legislativa o descodificación en dicha materia y por otra parte, la falta de correlación con la ley adjetiva (COPP); pero eso sí, mucho cuidado con fundamentarlo peligrosamente en la represión o en políticas penales internacionales totalmente intrusivas como el irreverentemente antigarantista derecho penal del enemigo, porque no debemos olvidar por un lado, la concepción del derecho penal como última ratio de los recursos coactivos del Estado venezolano y que todo código penal, aún cuando, parezca indispensable en la lucha contra el crimen, no es la panacea contra él.

Abogado
Rafaeleduardo191@hotmail.com
Estudiante de la Especialización Ciencias Penales y Criminológicas UCV



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