Estamos en medio de un ataque desesperado, sistemático y profundo contra la descentralización por parte del gobierno nacional. Esto no es nuevo. Ya en el proyecto de Reforma Constitucional que afortunadamente derrotamos en 2007, se había intentado echar las bases de lo que se denomina "la nueva geometría del Poder", que no es otra cosa que revertir el proceso de descentralización que empezó en Venezuela en 1989 con la elección directa de gobernadores y alcaldes y la transferencia de competencias desde los entes nacionales hacia las regiones.

Con esta arremetida el Gobierno busca básicamente restarle fuerza a los mandatarios regionales y locales, mediante la usurpación de competencias y consecuente limitación de recursos, lo cual vendrá aunado del nombramiento de autoridades especiales designadas desde el poder central y una nueva ordenación del territorio en detrimento directo de la figura de los gobernadores de Estado.
Ya el Gobierno dio el primer golpe mediante la aprobación de la reforma de la Ley de Descentralización. Con ella se consagra una violación directa y clara del artículo 164 de la Constitución, que establece la competencia de los Estados en materia de autopistas, carreteras, aeropuertos y puertos. Ahora vendrá otra maniobra: la nueva Ley del Distrito Capital, mediante la cual se designará un Vicepresidente al tiempo que se quitarán facultades al Alcalde Metropolitano, a quien se pretende presentar como un mero "coordinador" de los alcaldes municipales de la ciudad de Caracas, cuando en realidad es la primera autoridad civil y administrativa.

Todas estas iniciativas legislativas, más buena parte de lo que se promulgó por la vía de la Habilitante, más todo lo que viene nuevo en este mismo sentido, constituyen obviamente una burla a la voluntad popular. Además, atentar contra la descentralización, no sólo es ir en de contra uno de los procesos políticos de mayor relevancia en los últimas décadas en Venezuela, sino contra la calidad de los servicios públicos, de la relación electores-elegido y, en general, de la democracia.
Por todo ello es indispensable asumir el problema en su justa dimensión y activarnos para acometer su defensa. No obstante, debemos escoger el camino correcto. Es decir, uno que permita cumplir el objetivo de defender nuestros derechos y la voluntad popular, pero que al mismo tiempo sea constitucionalmente viable y acertado.

En este sentido, a pesar de ser loable como iniciativa y respetable como ejercicio de una facultad que le es propia, creemos que la convocatoria de un referendo consultivo por parte del CLR del estado Zulia, no es el camino idóneo para dejar sin efecto la Reforma de la Ley de Descentralización. En cambio, impulsar entre todas las fuerzas democráticas un referendo abrogatorio nacional, que involucraría a todos los estados por igual y tendría efectos derogatorios inmediatos sobre la o las leyes que se sometan a él, sería más expedito y eficiente.

Con el referendo abrogatorio se podría incluso atacar al mismo tiempo tanto la reforma de la Ley de Descentralización como algunos decretos leyes que se dictaron en el marco de la Ley Habilitante. Por último, el único problema a superar sería el de las firmas, y aún así la buena noticia es que este referendo es de los que menos porcentaje requiere, con tan sólo un 10% de la población electoral, y en el caso de los decretos leyes apenas un 5%.

Dejemos los consultivos, que son muy importantes, para definir temas de interés, movilizar a la población y generar opinión, tal y como se hará en Caracas, pero usemos el arma correcta para dejar sin efecto una ley de carácter nacional. No podemos añadirle a la actitud autoritaria y pendenciera del Gobierno, escoger un camino que es de entrada constitucionalmente incorrecto.

cipriano.heredia@gmail.com
www.visionemergente.org.ve