José Vicente Rangel Ávalos está tranquilo porque tiene claro que todos los contratos de su gestión fueron legales y apegados a derecho. "En mi condición de ex alcalde informo a la opinión pública -ante la especie de que incurrí en adjudicaciones directas-, que en ningún momento actué contrario a las normas constitucionales, legales, ordenanzas y demás instrumentos jurídicos. De esta manera ratifico que siempre he estado apegado a la ley", resume en el comunicado", dijo.

Aunque se le contactó vía telefónica para precisar los mecanismos de adjudicaciones que empleó en los ocho años de su administración, no dejó espacio para entrevistas ni para responder a cada una de los nexos que hay entre varias contratistas del municipio. A través de un correo electrónico, negó sin embargo, cualquiera de las denuncias que en los últimos meses han puesto en tela de juicio su gestión.

El comunicado no precisa si el alcalde estaba conciente de los nexos que hubo entre varias de las empresas de la alcaldía, pero advierte que las obras inconclusas "están en proceso de ejecución", por lo que se encuentran "debidamente amparadas por una fianza de fiel cumplimiento".

El artículo 71 de la Ley de Contrataciones Públicas precisa varios casos en los que el jurado de cualquier concurso cerrado o abierto debe rechazar determinadas propuestas. Entre ellos especifica que no es legal el hecho de que "diversas ofertas provengan del mismo proponente" o que "sean presentadas por personas distintas, si se comprueba la participación de cualquiera de ellas o de sus socios, directivos o gerentes en la integración o dirección de otro oferente en la contratación".

No fue posible mostrar al ex alcalde los documentos que muestran conexiones entre varias de las empresas que trabajaron para su gobierno. Rangel Ávalos, de cualquier modo, no tiene problemas en que lo auditen: "Estoy a la orden para cualquier investigación, consciente como me siento de haber realizado una gestión honesta y eficiente". Y por eso, desde ya informa que pedirá al contralor municipal que así sea.

En la Contraloría General de la República, por lo pronto, no hay expedientes en su contra. Aunque quedaron en averiguar formalmente, en el organismo que dirige Clodosbaldo Russián al parecer no han encontrado irregularidades sobre las cuatro contratistas que tienen propietarios, empleados o domicilios iguales.