No sabemos si desde sus tiempos de conspirador en los cuarteles el teniente coronel Chávez soñaba con llegar a la Presidencia para destruir el país, pero sí podemos constatar que desde que asumió el poder gracias al voto popular no ha hecho otra cosa que destruir las instituciones democráticas, arruinar al sector privado, perseguir a quienes disienten de su barbarie, violar "la mejor Constitución del mundo" y dilapidar los inmensos recursos petroleros en corrupción, en dádivas millonarias a sus compinches políticos y en intentar un comunismo trasnochado que ha devenido en el más salvaje de los capitalismos de Estado.

Cumpliendo órdenes de Chávez, la Fiscalía acaba de pedir la detención del alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales por un inventado delito de "enriquecimiento ilícito" (todavía resuenan los gritos llamándolo "desgraciado, porque eres un desgraciado Rosales y yo te voy a poner preso"). Con excepción de los simuladores enriquecidos gracias a la hasta ayer frondosa petrochequera mientras gritan ¡Uh Ah, Chávez no se va", nadie cree que a Rosales le dictan tal medida porque es un corrupto, sino porque con su eficaz trabajo político ha convertido el Zulia en un bastión de resistencia que Chávez no ha podido penetrar. Por eso se apodera del puerto y merma el presupuesto al que los zulianos tienen derecho constitucional. Con este exabrupto "jurídico" el régimen no demuestra que Rosales cometió el delito de "enriquecimiento ilícito", sino que Chávez, en práctica cada vez más dictatorial, está utilizando los poderes públicos como armas que disparan contra la disidencia política. Esta decisión comprueba que el reciente informe del Departamento de Estado y el de HRW se ajustan a la verdad cuando señalan que el Poder Judicial es instrumentado por el Gobierno para perseguir y encarcelar a quienes disienten de sus políticas dictatoriales.

En la creencia de que el resultado del 15F fue una luz verde para aplicar las medidas inconstitucionales que le negamos electoralmente el 2D de 2007, Chávez está pisando el acelerador para destruir la pluralidad democrática, la libertad de empresa, los derechos laborales y la descentralización, entrando así en un proceso totalitario y estatizador, cada vez más parecido al modelo cubano. Chávez ya no se conforma con haber destruido el aparato productivo nacional a punta de "invasiones", "expropiaciones" "estatizaciones" e "intervenciones" de fincas, plantas de la agroindustria ,telefonía, electricidad, hierro, aluminio, cemento y otras, sino que ahora está empeñado en destruir el sindicalismo organizado porque le está saliendo respondón (¿recordará Chávez la historia de cómo cayó el comunismo en Polonia a manos de Lech Walesa y su poderoso sindicato Solidaridad?). Los ineptos y muy corruptos funcionarios de Chávez han saqueado y destruido las empresas de Guayana, incluida la recientemente estatizada Sidor. Han dejado deudas colosales a las contratistas que hoy están quebradas y no pueden pagar su nómina. Cerca de 2,3 millones de trabajadores del sector público están a la espera de renovar sus contrataciones colectivas, derecho que les niega Chávez. Como nos recuerda VenEconomía (18-03-2009) muchos de esos trabajadores que hoy reclaman sus derechos laborales, aclamaron a Chávez cuando politizó Pdvsa, la industria eléctrica, la telefónica y las empresas de la CVG. Mientras HCHF golpeaba a los empresarios con el cuento de que era "en defensa" de la clase pobre trabajadora, la mayoría de los sindicalistas no estuvieron a favor de los inversionistas que habían creado sus puestos de trabajo. Ahora se dan cuenta -añade VenEconomía- de que Chávez y su "socialismo" no sólo busca aplastar al empresariado y a la oposición política, sino también al movimiento laboral. HCHF increpa a los sindicalistas porque deberían "trabajar más en la ideología revolucionaria" (es decir, en la lealtad total a Chávez) y menos en asegurar mejores salarios y beneficios para la clase pobre trabajadora.

Después de dilapidar casi $ 900 mil millones en 10 años, en este 2009 el déficit fiscal podría ser mayor de $35 mil millones, hueco que el régimen pretenderá llenar metiendo mano a los recursos de los empresarios y a los ahorros de todos los venezolanos. Chávez mintió a los pobres y a los trabajadores para conseguir la reelección indefinida. Mintió descaradamente diciendo que su gobierno disponía de más de $100 mil millones y que durante 2009 no eliminaría ningún gasto laboral, ni social, a la par que prometió inversiones generadoras de nuevos empleos. Mentira tras mentira. Un mes más tarde no tiene siquiera para pagar la abultada nómina oficial. Como Atila y su caballo que donde pisaban no crecía más la hierba, así luce hoy Venezuela tras la acción destructora de Chávez. Sin embargo consolémonos: el imperio de Atila desapareció con él.

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