La fiscal 11° con competencia nacional, Katiuska Plaza, informó ayer en la mañana que solicitó al Tribunal 6° de Control del Zulia la privativa de libertad contra el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales (UNT), por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en los artículos 73 y 46 de la Ley Contra la Corrupción. Rosales había sido imputado en diciembre de 2008.

Según el boletín, Plaza consignó 26 piezas judiciales, 12 de la investigación del Ministerio Público y 14 de los actos investigativos de la Contraloría General de la República".

La fiscal aclaró que compete al tribunal decidir, en la audiencia preliminar, si procede o no la privativa de libertad. El delito imputado al alcalde conlleva prisión de 3 a 10 años. El caso se origina tras un informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR) el 19 de julio de 2007 sobre la declaración jurada de patrimonio de Rosales. El informe, remitido al Ministerio Público en agosto de 2007, concluye que el entonces gobernador del Zulia registró fondos que no pudo justificar.

Sin derecho a la defensa Álvaro Castillo, abogado de Rosales, recalcó la "sorpresa" que ha significado la decisión de la Fiscalía, por cuanto para este lunes 23 está fijada una audiencia por la solicitud de nulidad presentada ante el TSJ sobre los procedimientos irregulares desarrollados tanto por la CGR como por el Ministerio Público. Castillo aseguró que Rosales "ha demostrado con su actitud que no hay peligro de fuga". Expresó que el tribunal puede optar por sólo dictar prohibición de salida del país, como también está planteado en el escrito de la Fiscalía.

Relató pormenorizadamente el desarrollo del caso desde el inicio y dijo que en 2005 el fiscal 25° decretó archivar la acusación contra Rosales porque no encontró elementos de prueba sobre un ilícito.

"Ni siquiera tenía elementos para un antejuicio de mérito", apuntó el abogado en rueda de prensa, acompañado de Rosales y del gobernador del Zulia, Pablo Pérez (UNT).

En abril de 2006, la Fiscalía Superior del Zulia reabrió el caso y lo remitió al fiscal 55° en Caracas. "Pero en octubre de 2008 la fiscal 11° aparece investigando lo ya archivado en clara violación al debido proceso. Eso nunca se notificó al imputado, lo que viola también el derecho a la defensa".

Castillo explicó que por esas irregularidades se solicitó la nulidad de la acusación. Ratificó que la CGR no aceptó las pruebas que Rosales presentó en su defensa y que explicaban la procedencia de 147 millones de bolívares en su patrimonio.

Nei Molero, otro de los abogados del alcalde, afirmó que la Contraloría los dejó "en indefensión" y la Fiscalía no puede tomar como prueba un informe incompleto de la Contraloría. EG