"Yo no voy a estar lloriqueando por palacios que grupos armados han asaltado, ya nosotros hemos hecho las denuncias. Lo que hago es un llamado para que se respeten los gobiernos legítimos y que cese el discurso de la violencia y la persecución a la disidencia", dijo el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, sobre si esperaba o no que, ante las palabras de este fin de semana del presidente Chávez (donde tomó distancia de grupos extremistas y violentos afectos a su gobierno), les devolvieran las sedes secuestradas a la Alcaldía Mayor.

Pero mientras Ledezma pedía al jefe de Estado una auténtica reivindicación, con hechos concretos y no sólo palabras, en las afueras del Palacio Metropolitano, tomado desde el 17 de enero, Gerson Pérez, representante de los ocupantes, de la ONG Prevención Popular y funcionario del Ministerio de Interior y Justicia, aseguró que se trataba de un conflicto laboral: "No somos tomistas, somos trabajadores, pero no nos vamos a mover de aquí".

Sin embargo, entre las autoridades de la Alcaldía aún está fresco el recuerdo del día del secuestro de sus instalaciones, cuando una decena de personas ingresó con fusiles y máscaras y se identificaron como "paramilitares que defienden la revolución venezolana". Los sujetos sometieron a los dos vigilantes que custodiaban el Palacio y los mantuvieron esposados y arrodillados durante siete horas.

Desde entonces, la fachada del Palacio exhibía los vestigios de aquel día: vidrios rotos y grafitis en contra de las nuevas autoridades. Pero en la madrugada de este domingo, el panorama cambió. Las paredes amanecieron en su color beige de siempre y los voceros de los ocupantes mostraron un discurso conciliador: "Nunca le hemos impedido al alcalde Ledezma que se acerque por aquí, al contrario, él debería venir a hacer su trabajo. Lo invitamos a tomarse un cafecito y que de una vez se ocupe de trabajar y resolver el problema con más de siete mil trabajadores despedidos. Dicen que tenemos esto destruido, al contrario, lo hemos recuperado", aseguró Pérez.

Minutos después, el segundo del Gobierno nacional, Ramón Carrizález, acusó en rueda de prensa al alcalde Ledezma de ser "un lobo disfrazado de cordero". Dijo que los ocupantes del edificio donde funcionaba la Alcaldía no eran tomistas ilegales: "Ahí nunca ha llegado Ledezma a ejercer sus funciones. El alcalde fascista toma la situación como un pretexto para hacerse el agredido cuando es agresor. Ellos son 7 mil trabajadores defendiéndose de un despido, donde la Alcaldía Mayor se niega a sentarse en mesas de diálogo para buscar una solución. Las sedes tampoco están saqueadas ni destruidas. Entonces, ¿es la toma del Palacio o una justa protesta de gente que se siente agredida? ¿Quién es la víctima?".

El presidente Hugo Chávez se refirió al tema durante una entrevista transmitida anoche en vivo por Venevisión, en la cual ratificó las declaraciones de Carrizález, a quien calificó como persona seria. "No puedo decir lo mismo del alcalde metropolitano -lamentablemente- quien tiene muy poca credibilidad".

"La sede de la Alcaldía Metropolitana más bien la está custodiando la policía (...) Eso no está tomado por grupos violentos", aseguró el jefe del Estado.

Mientras, el alcalde metropolitano insiste en que, en su accidentada toma de poder, se encontró con nóminas fantasma y una lista de 9 mil contratados que dependían de diputados y concejales. "Yo no tengo ojeriza contra nadie, lo que estoy haciendo lo haría cualquiera que quisiera proteger los recursos que le han confiado. Estamos revisando nombre por nombre y entregaremos eso a la Comisión de la Verdad", señaló Ledezma.

Medidas extremas

Antes de la intervención de Chávez y Carrizález, la única declaración oficial sobre el tema fue hecha por Tarek El Aissami, ministro del Interior, quien aseguró también que se trataba de un conflicto laboral y por eso las fuerzas del orden público no iban a intervenir.

Para el abogado Gustavo Linares Benzo esa opinión sienta un pésimo precedente, pues ningún conflicto laboral se resuelve con invasiones: "Con ese argumento estaría bien que diez empleados despedidos por Chávez tomaran Miraflores, por ejemplo".

Para Linares se trata de la invasión de un inmueble con un bemol importante: el inmueble es propiedad no de un particular sino de una persona territorial, y es la fuerza pública la que debe actuar para solventar la situación. "Si yo fuera Ledezma giraría una orden a la Guardia Nacional (que por ley están también al servicio de las autoridades administrativas en general, no sólo a las nacionales) para que desalojaran a los invasores. Es cierto, probablemente no resuelva nada, pero al menos establece una responsabilidad".

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