De nuevo nos estremece la espeluznante noticia del asesinato a sangre fría, a manos de grupos armados que actúan a plena luz del día, sin rubor y sin freno, de un grupo de jóvenes en El Vigía. No podemos quedar inermes ante semejante atrocidad ni aceptarlo como algo ordinario y trivial. Lamentablemente la escalada de asesinatos es una realidad que toma carta de ciudadanía. Las estadísticas nos colocan muy por encima de países que viven en guerras o de los que tienen grupos guerrilleros. Superamos en muertes en los centros penitenciarios a varios países del continente que tienen una población reclusa infinitamente mayor que la nuestra.

¿Qué nos pasa? Nos distinguimos durante el siglo XX por ser uno de los pueblos más pacíficos de la tierra e inauguramos el presente bajo el signo contrario. ¿Por qué deambulan por nuestras calles, motorizados armados amedrentando, ultrajando, robando, amenazando a quien les viene en gana sin que intervengan los órganos de seguridad? No es acaso una invitación a delinquir el que grupos fanáticos identificados amenacen a personas e instituciones, en la calle y por los medios de comunicación, de ser objetivos militares y reos de ejecución, sin que asome la nariz ningún organismo para actuar de oficio.

Una sociedad no es capaz de progresar material y espiritualmente si no puede vivir en paz, tranquilidad y serenidad, sin el sobresalto permanente de que su vida corre peligro. Reclamarle al Estado que cumpla con su deber con prontitud y celo, sin discriminaciones, porque lo que está en juego es el derecho fundamental a la vida y a la calidad de la misma, es un deber ciudadano.

El deterioro y la fragilidad progresivos de la institucionalidad y el Estado de Derecho plantean a la experiencia cristiana, a la Iglesia, el reto de consolidar la vida y los valores democráticos. ¡No a la muerte!

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