"Que un Estado plantee retirarse de un instrumento de protección internacional de derechos humanos es igual a dejar a sus ciudadanos en la desprotección", aseguró el activista peruano, Francisco Soberón, en relación con la petición que hizo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al Ejecutivo venezolano de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, en una sentencia emitida el pasado 18 de diciembre.

El director de la Asociación Pro Derechos Humanos, (Aprodeh) de Perú denunció en su momento una decisión similar tomada por la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar del Perú, durante el régimen de Alberto Fujimori, la cual fue usada por la instancia venezolana para fundamentar su decisión de desacatar el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el caso de la destitución arbitraria de los tres jueces de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, y la resolución de exhortar al Ejecutivo nacional a denunciar la Convención.

Aunque todos los estados tienen la opción de retirarse del Sistema Interamericano, Soberón sostiene que "cualquier activista de DDHH en Latinoamérica y el mundo vería como una señal negativa que un Estado pretenda retirarse de un mecanismo que sea reconocido internacionalmente".

"Lamentamos profundamente que sea Venezuela la que reabra estas páginas de la historia negra, nefasta y triste, de desconocer el Sistema Interamericano", expresó la directora de Cofavic, Liliana Ortega, quien considera que será "muy alto" el costo que pagará el Gobierno si ejecuta la medida. "Aquí se pretende herir de gravedad al Sistema Interamericano y este tiene muchos dolientes", señaló Ortega.

Por esta razón, el Foro por la Vida instó ayer al TSJ a adecuar sus decisiones a los tratados internacionales y a la Constitución; y exhortó al Ejecutivo a no adelantar la denuncia, pues esto constituiría "un claro retroceso en materia de protección y garantías de los DDHH".

Solicitud inconstitucional
El abogado constitucionalista y ex presidente de la Comisión Interamericana de DDHH, Carlos Ayala Corao, explicó que para cumplir el exhorto habría que convocar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar el texto fundamental, pues la Convención Americana forma parte de la Carta Magna. Ahora bien, el abogado explica que, de ejecutarse la denuncia, el tribunal internacional "tomará conocimiento de la decisión; la declarará contraria a la Convención Americana y a su sentencia; y reiterará al Estado que debe cumplir con su fallo".