11:49 AM Santiago de Chile.- La presidenta Michelle Bachelet salió el lunes al paso de opositores derechistas que pusieron en duda la existencia de un millar de detenidos desaparecidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet, luego de conocerse cuatro casos falsos, informó AP.

"La verdad es que aquí no se pueden confundir las cosas: la violación a los derechos humanos es una vergüenza nacional que ha quedado grabada para siempre en la historia de nuestro país y no vamos a permitir que se ponga en duda esta verdad histórica", expresó Bachelet el lunes luego de una reunión con su gabinete ministerial.

La mandataria aludió a su situación personal de ser hija de un general de la fuerza aérea que murió en 1974 como consecuencia de las torturas sufridas en prisión tras haber sido arrestado por su adhesión al derrocado gobierno del presidente Salvador Allende.

Por ello dijo que "no voy a aceptar el aprovechamiento y mucho menos que se juegue con el sufrimiento de muchas familias que aún esperan verdad y justicia".

La revelación en los últimos días de tres nuevos casos se suma a la aparición hace dos meses de un hombre que figuraba en las nóminas de los desaparecidos, pero que en realidad vivía en Argentina y cuya familia gozó de beneficios especiales concedidos a las víctimas de la dictadura.

La nueva denuncia causó revuelo y dirigentes de la oposición derechista pusieron en duda la existencia de los detenidos desaparecidos. Culparon al gobierno por los cuatro casos falsos que hasta ahora se han conocido.

El gobierno estudia la posibilidad de reactivar en el Congreso un proyecto que crea un Instituto de Derechos Humanos en el que se contempla reabrir la tarea de dos comisiones investigadoras de las violaciones a los derechos humanos establecidas tras el término de la dictadura, en 1990.

El informe determinó el registro de casi 1.200 detenidos desaparecidos en el periodo en que gobernó Pinochet, entre 1973 y 1990.

Lily Pérez, secretaria de Renovación Nacional, uno de los dos partidos de derecha, sostuvo que "sería negativo reabrir estas comisiones" y acusó al gobierno de negligente por no haber detectado antes los casos falsos.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se mostró sorprendida y señaló que la justicia deberá determinar la responsabilidad penal de quienes se beneficiaron. "Las personas tendrán que responder ante la justicia", dijo Mireya García, secretaria de la organización.

Agregó que "no podemos aceptar que haya gente que voluntariamente y en forma consciente haya utilizado una situación tan dramática como de los detenidos desaparecidos para beneficio personal".

El gobierno pidió también a la justicia investigar los casos fraudulentos de detenidos desaparecidos.