CARACAS, martes 16 de diciembre, 2008 | Actualizado hace
01:42 PM
Buenos Aires.- La justicia embargó
el martes propiedades en Buenos Aires de un ex diplomático
de Irán que tiene pedido de captura internacional por
su presunta participación en el ataque terrorista contra
una mutual judía en 1994.
Se trata del ex consejero cultural de la embajada iraní
en Buenos Aires, el clérigo Moshen Rabbani, quien ocupaba
ese cargo cuando ocurrió el atentado. Es uno de los cinco
iraníes, además de un libanés, que figuran
en la lista de Interpol de hombres más buscados del mundo
por estar implicados en el hecho. Su paradero se desconoce.
Los inmuebles embargados, ubicados en el barrio Floresta
de esta capital, pertenecen a Rabbani confirmó a la prensa
el fiscal general Alberto Nisman, quien lleva adelante la
investigación por el ataque a la Asociación de Mutuales
Israelitas Argentinas (AMIA), en el que murieron 85 personas.
Es una propiedad que ocupa una amplia esquina y que fue subdivida
en seis locales comerciales independientes, publicó AP.
El embargo se adoptó en respuesta a un pedido del abogado
de un damnificado y luego de que el Registro de la Propiedad
Inmueble confirmara que Rabbani tenía a su nombre dicha
finca.
La fiscalía argentina sostiene que el ataque de 1994
fue planeado por líderes del gobierno iraní y ejecutado
por el grupo armado libanés Jezbolá.
Además de Rabbani, entre los buscados figuran el ex
jefe de inteligencia iraní, Alí Fallahijan; el ex
jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai, y el libanés
Imad Moughnieh, militante del Jezbolá.
Según reportó la Agencia Judía de Noticias
(AJN), Nisman tomó la decisión en el marco de una
acción civil entablada por un sobreviviente del atentado,
quien reclama la suma de un millón de dólares por
los daños sufridos.
El proceso penal y civil, que habitualmente se tramitan por
separado, fueron unificados bajo el mismo fiscal Nisman y
el juez que lleva la causa, Rodolfo Canicoba Corral.
Las propiedades de Rabbani quedarán bajo tutela judicial
hasta finalizar el proceso. Si fuera condenado, los inmuebles
será rematados para reparar económicamente a las
víctimas.
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