CARACAS, miércoles 03 de diciembre, 2008 | Actualizado hace
12:25 PM
La Paz.- Una comisión especial de la
Unasur respaldó el miércoles al Gobierno de Evo
Morales al dictaminar que la muerte de al menos 20 campesinos
durante una reciente ola de violencia política en Bolivia
fue una masacre, que debe ser juzgada como un crimen de lesa
humanidad, informó Reuters.
El mandatario indígena de tendencia izquierdista aprovechó
el espaldarazo para renovar sus críticas a los sectores
más radicales de la oposición conservadora y renovar
su promesa de "refundar" Bolivia con una nueva Constitución
"plurinacional" y socialista que se someterá a referendo
el próximo 25 de enero.
La comisión, compuesta por expertos de nueve países,
investigó la muerte de campesinos ocurrida el 11 de septiembre
en el distrito amazónico de Pando, en el incidente más
cruento de una movilización de cuatro regiones de tierras
bajas en demanda de autonomía, que Morales denunció
como "golpe civil".
Luego de más de dos meses de una investigación
que abarcó testimonios de actores, testigos y expertos,
la comisión dijo que descartó la tesis de un enfrentamiento
entre campesinos que pretendían marchar a favor del Gobierno
y activistas opositores que cumplían supuestas órdenes
del derechista prefecto de Pando.
"La comisión expresa la convicción intelectual
y moral según la cual el 11 de septiembre del 2008 en
la localidad de Porvenir y otros sitios de Pando, Bolivia,
se cometió una masacre", dijo el informe leído por
el presidente del grupo investigador, el argentino Rodolfo
Matarollo, ante el gobernante boliviano.
Advirtió que hay todavía decenas de desaparecidos
por el suceso en el que, según constató, campesinos
desarmados fueron emboscados por paramilitares y funcionarios
armados.
El informe fue presentado en momentos en que el principal
acusado de la matanza, el detenido ex prefecto pandino, Leopoldo
Fernández, reclama ser llevado a juicio de responsabilidades
en vez de uno ordinario como el que le ha iniciado el Gobierno.
El documento calificó a la agresión como "un crimen
de lesa humanidad", con ejecuciones sumarias y ataques organizados
que obedecían en parte a motivaciones racistas y sociales.
Añadió que, si bien en la "masacre" los agresores
utilizaron vehículos y otros bienes de la prefectura
de Pando, "no se está ante delitos de función (pues)
la función pública no consiste en atentar contra
la vida e integridad personal de ciudadanos".
"Se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la
justicia ordinaria", sostuvo el informe. "Los crímenes
de lesa humanidad (deben ser) juzgados como crímenes
comunes por la justicia ordinaria, pues no corresponden a
delitos de función y no corresponden juicio de responsabilidad",
remarcó.
El ex prefecto Fernández, quien está en una cárcel
común de La Paz, y amplios sectores de la oposición
legislativa demandan en cambio un juicio de responsabilidades,
en una disputa sobre la cual el poder judicial todavía
no asumió posición final.
Nunca más
"Ojalá sea la última vez que en Bolivia, en Latinoamérica,
haya esta clase de políticas que ejercen algunas autoridades,
todo por defender su poder político, por tanto su poder
económico, el latifundio", dijo Morales tras recibir
el informe.
Sostuvo que la "masacre de Porvenir" se sumó a una larga
lista de "amedrentamientos, intimidación y escarmientos"
que sufrió la población indígena boliviana
"desde la colonia (española), la república, hasta
los últimos tiempos".
Esa situación puede cambiar definitivamente con la nueva
Constitución, que dará a los indígenas un acceso
privilegiado a los órganos de poder político en
Bolivia, consolidará la nacionalización de los recursos
naturales y prohibirá los latifundios.
Morales destacó el apoyo de la Unasur y dijo que pedirá
a los presidentes sudamericanos que la comisión que presidió
Mattarollo prolongue su labor para investigar eventualmente
otros hechos de violencia ocurridos durante las protestas
opositoras de septiembre.
Cuando estalló la crisis, la Unasur respaldó firmemente
a Morales y advirtió que no permitiría una ruptura
de la democracia ni un movimiento separatista en la región.
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