El 2 de diciembre de 2007 la reforma constitucional presentada por el primer mandatario fue rechazada, pero esa objeción no ha impedido que el Gobierno diseñe las vías para crear el modelo productivo socialista.

En la madrugada del 3 de diciembre el presidente Hugo Chávez Frías señaló en una alocución que "se buscará la manera, pero más lenta de aplicarla (la propuesta)" , y la promesa se ha materializado a través de las leyes aprobadas en el marco de la Habilitante.

Proyecto En la propuesta, que fue sometida a referendo, el modelo socialista partía de la modificación de la estructura territorial que implicaba que más allá de gobernaciones y alcaldías, había territorios, comunas y comunidades. Ese cambio incidía en el esquema productivo, debido a que el objetivo principal era impulsar la propiedad social, que sería manejada por las comunas y comunidades.

Adicionalmente se contemplaban otras formas de propiedad como la pública, mixta, colectiva y privada. En tres de ellas el Estado tenía participación, mientras que la privada se terminaba minimizando.

En el desarrollo del texto se decía que en áreas estratégicas como, por ejemplo, alimentación, el Estado tendría más injerencias, y se facilitaban los procesos para las expropiaciones de bienes y servicios.

Los cambios en la estructura del territorio, más allá de incidir en el esquema productivo, también impactaban en la distribución de los recursos para las regiones. El diseño del sistema se soportaría en el gasto y las reservas excedentes, pues el manejo de los fondos sería definido por el Presidente.

Tránsito El contenido de esa reforma ya se plasma en varios marcos legales. En algunos textos se desarrolló la propiedad social, cuya participación primordial la tienen los consejos comunales.

En la Ley para el Desarrollo de la Economía Popular se crea un sistema de producción manejado por comunidades. En ese texto están previstas las empresas de producción social, empresas de distribución social y unidades productivas familiares. Ese entramado se complementa con la constitución de un sistema de intercambio solidario, (trueque comunitario).

A ese sistema productivo comunal se suma la creación de unidades de producción social, las cuales están previstas en la Ley para la promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria y las unidades de producción social. En ese instrumento se indica que "el modelo productivo debe responder a las necesidades comunitarias y estar menos subordinadas a la reproducción del capital". Esas unidades abarcan a los consejos comunales, cooperativas, unidades productivas familiares y demás modalidades que creen las comunidades.

El aumento del poder comunal se refleja en otros instrumentos, debido a que se deja en manos de esas instancias la fiscalización de los sectores.

De igual manera, a través de los textos se declaran estratégicos ciertos sectores como alimentación y se crean las vías para que el Estado pueda asumir el control de la cadena.

En parte de la reforma se indicaba que el régimen socioeconómico debía fundamentarse en los principios socialistas, humanistas, de cooperación, protección del ambiente y solidaridad. Esos principios se reflejaron en la creación del Fondo de Desarrollo Agrario Socialista, de manera que aquellos que reciben financiamiento a través de ese mecanismo están obligados a destinar a los mercados al menos 20% de la producción y deben dar de manera gratuita 5% de la producción a entes del Estado. Situación similar se registra con la actividad pesquera, dado que debe destinar 5% del producto capturado al Estado.

Los mecanismos para realizar expropiaciones también se establecen en algunos textos aprobados en la Habilitante. En la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios se abre la posibilidad para que "los bienes pertenecientes a los sujetos sometidos a la aplicación" de la normativa sean expropiados por el Gobierno, sin que medie la declaratoria previa de utilidad pública o interés social por parte de la Asamblea Nacional.

Gran parte del sistema se sustenta en el Estado, y por tal motivo en el gasto contemplado para el próximo año más de 60% de los créditos presupuestarios (partidas) son para financiar los proyectos del modelo productivo socialista.