La cronista pensó que después del 23N Chávez iba a dar un respiro a los venezolanos y al menos en los días navideños cesaría la guerra despiadada a la que ha sometido el país. Al conocerse los resultados electorales incluso creímos por un momento que Chávez habría entendido el mensaje de los más de dos millones de pobres y otros tantos de la clase media que le negaron el voto en las grandes ciudades, hartos de ser víctimas del hampa y deambular entre ratas y basura. Pensando en las críticas a sus alcaldes capitalinos a causa del muladar en que convirtieron Caracas, hasta imaginamos que Chávez vería en el nuevo alcalde mayor, Antonio Ledezma; en el de Sucre, Carlos Ocariz, y en el recién electo gobernador de Miranda a tres eficaces colaboradores que, junto con Jorge Rodríguez, emprenderían la urgente tarea de convertir a Caracas en una ciudad apacible y limpia. La ilusa cronista hasta imaginó que con la crisis que nos espera a causa de la abrupta caída de los precios del petróleo, Chávez intentaría acercarse a los partidos políticos opositores y a los empresarios (como Obama en EEUU) para concertar soluciones como aumentar la producción nacional para depender menos de las importaciones, dada la escasez de divisas a corto plazo.

La ilusión termina. Conatel, cumpliendo la orden pública de Chávez abre un procedimiento contra Globovisión por "haber incurrido en el delito de incitación a la alteración del orden público", amparándose en la transmisión de las declaraciones de Salas Feo, en las que exhortó a los ciudadanos a acompañarlo y mantenerse en la calle, en vista de que el CNE no anunció los resultados que le daban ganador de la gobernación de Carabobo con los de las otras regiones del país, a pesar de que las cifras ya estaban en manos del organismo electoral. Salas Feo no "incitó a la alteración del orden público", sino a mantenerse en la calle pacíficamente para defender su voto. Tanta razón tenía esa vigilia que poco más tarde el CNE reconoció que él era el ganador en Carabobo. Esta sanción indica no sólo la desesperación por haber perdido en las regiones más pobladas del país (como reseñó para su desgracia toda la prensa internacional cuyo efecto pretendió borrar con el boomerang de la risible rueda de prensa con corresponsales extranjeros) sino el descaro de permitir la violencia de los motorizados rojos el 23N, o los 450 centros electorales sin votantes que no cerraron sus mesas o las reabrieron por orden de los militares del Cufan. Varios observadores internacionales mostraron su asombro "por la presencia de motorizados para intimidar a los testigos a la hora del cierre de las mesas de votación". (EU 26-11-2008).

Chávez sigue enardecido por la pérdida de las regiones más pobladas del país que hasta el 23N estaban bajo su control (Caracas, Miranda, Carabobo y Táchira,) y tampoco pudo ganar Nueva Esparta y Zulia donde pierde, además, la alcaldía de Maracaibo, fueron derrotados sus más conspicuos líderes (Diosdado, Istúriz y Jesse). El oficialismo creció de 2004 a 2008 un 25%, en tanto que la oposición creció el 50%. El PSUV tuvo muchos menos votos que inscritos. Jorge Rodríguez bajó 20 puntos con respecto a la votación de Bernal en 2004. El chavismo perdió apoyo popular en las 22 parroquias de Caracas.

La furia de Chávez no da tregua a personas u organizaciones. Las proclamaciones de los gobernadores alternativos han sido saboteadas por grupos violentos del oficialismo y ya contra Capriles Radonski está organizada una marcha chavista en su contra sin haber asumido el cargo. La farsa del plan magnicida reaparece con el grotesco informe parlamentario en el que, como se hiciera con el expediente de Danilo Anderson, se quitan y se ponen nombres de acuerdo a su "peligrosidad" política (Ravell, Rosales, Otero, Mezerhane, Poleo y el general Baduel). La obsesión contra Rosales se intensifica con la paliza propinada en el Zulia. Conatel tiene ahora dos procedimientos contra Globovisión: el de las declaraciones de Poleo que fueron difundidas hasta la saciedad por VTV sin que haya tenido sanción alguna (por el que Globovisión podría ser sancionado con 72 horas de cierre) y el segundo que podría concluir con la confiscación de la concesión.

La cadena con el presidente vietnamita cuando el aguacero arrastraba personas y bienes demuestra que a Chávez sólo le interesa el control del poder (por eso intentará de nuevo la reelección indefinida) y no la vida y el bienestar de su pueblo. Está claro que al impedir que los gobernadores opositores gobiernen se condena a millones de electores a seguir azotados por la violencia y la corrupción. Y para ejecutar ese plan, Chávez intentará silenciar a los medios libres que difunden la verdad. ¿Lo vamos a permitir? ¡Hasta cuándo tantas violaciones de la Constitución y tanto abuso de poder!

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