Convocaron al gobernador del Zulia y mañana recibirán al alcalde de Maracaibo. Está previsto que Manuel Rosales comparezca este viernes ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que adelanta una investigación en su contra por diversos hechos de corrupción.

El dirigente de Un Nuevo Tiempo, Ángel Emiro Vera, se reunió ayer con los diputados que integran la mencionada comisión para "acordar" las condiciones de la entrevista. El líder de UNT quiere que la reunión sea pública y que se garantice su seguridad.

Los legisladores afirman que brindarán un trato "institucional" a Rosales y que no llamarán a movilizaciones populares para presionar al nuevo burgomaestre de la capital zuliana.

Esta es la segunda invitación que extiende la AN al fundador de UNT para que se defienda de las acusaciones lanzadas en su contra. La primera llegó días antes de las elecciones regionales. En aquella ocasión, Rosales se excusó de no asistir señalando que la notificación le había llegado con tan sólo 26 horas de antelación, cuando la norma establece que deben ser 72 horas.

Venta a largo plazo La Comisión de Contraloría interpeló ayer al comandante de la policía del Zulia, Jesús Cubillán. De acuerdo con una denuncia presentada por el diputado Alberto Castellar (PSUV-Falcón), Cubillán habría vendido por 10 millones de bolívares una camioneta que le donó el gobierno regional de forma irregular.

El oficial explicó que sólo fue uno de los 268 agentes de seguridad que en 2002 recibieron vehículos de parte de la administración de Rosales, como un premio a su buen desempeño. Aclaró que la donación cumplió con todos los requisitos legales y que fue aprobada por la Contraloría, la Procuraduría y la Notaría IV de la entidad.

Cubillán niega haber negociado el automóvil. Alegó que la firma de una opción de compra no significa que se transfiera el bien inmediatamente. "La donación fijaba como limitante que la camioneta se podía vender luego de 10 años y yo respeté eso", expuso. La opción de compra se suscribió en octubre de 2003. Los legisladores sospechan que se trata de un "acto simulado" y ya el Ministerio Público inició las pesquisas.