CARACAS, miércoles 26 de noviembre, 2008 | Actualizado hace
10:33 AM
Bogotá.- El presidente de Colombia,
Alvaro Uribe, anunció el miércoles que enviará
a la Procuraduría General su registro patrimonial y el
de sus hijos, para comprobar que no tienen vínculos con
empresas captadoras ilegales de dinero.
El mandatario denunció que su familia es
víctima de un tráfico de calumnias en medio de las
que se ha dicho que sus hijos y su esposa eran inversionistas
de firmas ilegales de captación de dinero, que colapsaron
o fueron intervenidas en una masiva estafa que asciende a
cientos de millones de dólares.
"Lo hago por respeto al pueblo colombiano, por
transparencia y por fortalecer la autoridad moral, para poder
continuar la tarea de combatir todas las expresiones del delito",
dijo Uribe refiriéndose a la decisión de enviar
al organismo de control su registro de patrimonio y el de
su familia.
El anuncio de Uribe se produjo un día después
de que la senadora del Partido Liberal Cecilia López
pidió en un debate en el Congreso que el mandatario hiciera
públicos sus registros patrimoniales, publicó Reuters.
El presidente reveló que algunas empresas
de captación ilegal de dinero, para atraer a más
inversionistas, hacían publicidad diciendo que sus hijos
Jerónimo y Tomás, así como su esposa Lina Moreno,
tenían depositados recursos en esas firmas.
"Ha habido este tráfico de calumnias contra
el buen nombre de la familia que me veo obligado a denunciar
ante los colombianos", declaró Uribe.
"Ellos no están en la corrupción,
mis hijos no son corruptos, mis hijos no son traficantes de
influencias ante el Estado, mis hijos no son atenidos al papá,
mis hijos no son hijos de papi, mis hijos no son holgazanes,
mis hijos no son vagos con sueldo, mis hijos han escogido
ser hombres de trabajo honestos y serios", agregó el
mandatario.
Miles de personas resultaron afectadas por invertir
en firmas ilegales de captación de dinero, una situación
que ha provocado desórdenes y protestas en varias regiones
de este país de más de 44 millones de habitantes.
El Gobierno intervino varias firmas de captación
e inició un proceso con el que busca restituir parte
de las inversiones a las personas estafadas.
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