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Presidente de Colombia envía registro patrimonial para control

10:33 AM Bogotá.- El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, anunció el miércoles que enviará a la Procuraduría General su registro patrimonial y el de sus hijos, para comprobar que no tienen vínculos con empresas captadoras ilegales de dinero.

   El mandatario denunció que su familia es víctima de un tráfico de calumnias en medio de las que se ha dicho que sus hijos y su esposa eran inversionistas de firmas ilegales de captación de dinero, que colapsaron o fueron intervenidas en una masiva estafa que asciende a cientos de millones de dólares.

   "Lo hago por respeto al pueblo colombiano, por transparencia y por fortalecer la autoridad moral, para poder continuar la tarea de combatir todas las expresiones del delito", dijo Uribe refiriéndose a la decisión de enviar al organismo de control su registro de patrimonio y el de su familia.

   El anuncio de Uribe se produjo un día después de que la senadora del Partido Liberal Cecilia López pidió en un debate en el Congreso que el mandatario hiciera públicos sus registros patrimoniales, publicó Reuters.

   El presidente reveló que algunas empresas de captación ilegal de dinero, para atraer a más inversionistas, hacían publicidad diciendo que sus hijos Jerónimo y Tomás, así como su esposa Lina Moreno, tenían depositados recursos en esas firmas.

   "Ha habido este tráfico de calumnias contra el buen nombre de la familia que me veo obligado a denunciar ante los colombianos", declaró Uribe.

   "Ellos no están en la corrupción, mis hijos no son corruptos, mis hijos no son traficantes de influencias ante el Estado, mis hijos no son atenidos al papá, mis hijos no son hijos de papi, mis hijos no son holgazanes, mis hijos no son vagos con sueldo, mis hijos han escogido ser hombres de trabajo honestos y serios", agregó el mandatario.

   Miles de personas resultaron afectadas por invertir en firmas ilegales de captación de dinero, una situación que ha provocado desórdenes y protestas en varias regiones de este país de más de 44 millones de habitantes.

   El Gobierno intervino varias firmas de captación e inició un proceso con el que busca restituir parte de las inversiones a las personas estafadas. 


 

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