03:00 PM Quito.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reiteró hoy que en su administración no solo se buscará a los culpables de un proceso de endeudamiento externo irregular del país sino que también se intentará no pagar la deuda "ilegítima, corrupta e ilegal".

La afirmación se produjo tras la presentación del informe de la Comisión de Auditoría de la Deuda, conformada por el Ejecutivo, en el que se habla de "ilegalidad e ilegitimidad" de la deuda, y en el que se recomienda no pagar ciertos tramos de la misma.

"Buscaremos no solo sancionar a los culpables sino también no pagar la deuda ilegitima, corrupta e ilegal. Su peso debe ser trasladado por partes iguales a los responsables de adquirirla (...) con chantaje, con traición, y cada cual tiene que asumir su responsabilidad, pagar con sus bienes lo que corresponde", dijo.

"Ya basta de tanto saqueo, latrocinio, de tanta inequidad", agregó al señalar que hay cosas "realmente desastrosas" en el endeudamiento en el que se perjudicó sistemáticamente al Estado.

Señaló que entre 1976 y 2006 el proceso de endeudamiento de Ecuador "benefició al sector financiero y a empresas trasnacionales y afectó visiblemente los intereses de la nación", reportó Efe.

Cuestionó cómo entre 1976 y 1982, la deuda externa pública creció 18 veces hasta alcanzar los 2.904 millones de dólares, mientras que la privada creció en el mismo lapso 28 veces hasta llegar a 1.628 millones de dólares.

"Ello mientras la Reserva Federal norteamericana subía las tasas de interés del 6 por ciento hasta un usurario 20,5 por ciento. En este proceso existe una responsabilidad compartida", dijo.

Correa mencionó que entre 1986 y 1992 el país suspendió el servicio de amortizaciones, parte de intereses y pagos directos.

Añadió que esos seis años pudieron ser aprovechados ya que se permitía la prescripción de deudas no pagadas durante dicho período, pero la Auditoría descubrió que Ecuador "renunció unilateralmente" al derecho de prescripción de la deuda externa comercial.

Aseguró que esa renuncia carece de respaldo legal y subrayó que los ex funcionarios que adoptaron la decisión deben responder por el caso que ya se ha reportado a la Fiscalía de este país.

Según Correa, esa renuncia antecedió al "cínicamente llamado programa de reducción de deuda propuesto por JP Morgan en 1994 para transformar la deuda externa ecuatoriana en Bonos Brady".

"De los 1.502 millones de dólares contratados para realizar ese canje, se debían emplear 641 millones para programas y proyectos de desarrollo, pero terminaron empleándose 1.009 millones para servir pagarés de una deuda que, de todas maneras, siguió creciendo", manifestó.

Según el informe de la Comisión, para canjear los Bonos Brady por Global se habrían cometido varias ilegalidades, entre ellas, la falta de estudios por parte de la Procuraduría, que habría incurrido en "falsedad ideológica" al suscribir, sin mayor revisión, documentos redactados por acreedores y no por esa dependencia.

"La emisión de bonos Global 2030 y 2012 presentan graves presunciones de ilegalidad en la oferta de canje y en la contratación de los agentes financieros. Se firmaron contratos sin autorización presidencial y la oferta se firmó alterando las fechas en los documentos", dijo Correa.

Añadió que en consecuencia, "todas las operaciones complementarias a ella, como la emisión de los bonos global 2015 -realizada en 2005- también serían ilegales".

Según el informe, los organismos multilaterales de crédito promovieron "perniciosos sistemas de endeudamiento al operar en alianza con poderosos acreedores privados y empresas trasnacionales para respaldar deudas ilegítimas, como las negociadas en el plan Brady".

Al resumir las conclusiones de la auditoría, el argentino Alejandro Olmos, integrante de la Comisión, dijo que se desconoce el destino de varios tramos de la deuda y que en el endeudamiento hubo complicidad de ex jefes de Estado, ex funcionarios estatales, diplomáticos y organismos financieros internacionales, entre otros.

Además, se quebrantó el orden jurídico del Estado, hubo contrataciones directas con operadores de bonos, se obligó al país a renunciar a defensas y, entre otras acciones, se eximió de responsabilidades a los acreedores en diferentes aspectos.