CARACAS, jueves 20 de noviembre, 2008 | Actualizado hace
03:00 PM
Quito.- El presidente de Ecuador, Rafael
Correa, reiteró hoy que en su administración no
solo se buscará a los culpables de un proceso de endeudamiento
externo irregular del país sino que también se intentará
no pagar la deuda "ilegítima, corrupta e ilegal".
La afirmación se produjo tras la presentación del
informe de la Comisión de Auditoría de la Deuda,
conformada por el Ejecutivo, en el que se habla de "ilegalidad
e ilegitimidad" de la deuda, y en el que se recomienda no
pagar ciertos tramos de la misma.
"Buscaremos no solo sancionar a los culpables sino también
no pagar la deuda ilegitima, corrupta e ilegal. Su peso debe
ser trasladado por partes iguales a los responsables de adquirirla
(...) con chantaje, con traición, y cada cual tiene que
asumir su responsabilidad, pagar con sus bienes lo que corresponde",
dijo.
"Ya basta de tanto saqueo, latrocinio, de tanta inequidad",
agregó al señalar que hay cosas "realmente desastrosas"
en el endeudamiento en el que se perjudicó sistemáticamente
al Estado.
Señaló que entre 1976 y 2006 el proceso de endeudamiento
de Ecuador "benefició al sector financiero y a empresas
trasnacionales y afectó visiblemente los intereses de
la nación", reportó Efe.
Cuestionó cómo entre 1976 y 1982, la deuda externa
pública creció 18 veces hasta alcanzar los 2.904
millones de dólares, mientras que la privada creció
en el mismo lapso 28 veces hasta llegar a 1.628 millones de
dólares.
"Ello mientras la Reserva Federal norteamericana subía
las tasas de interés del 6 por ciento hasta un usurario
20,5 por ciento. En este proceso existe una responsabilidad
compartida", dijo.
Correa mencionó que entre 1986 y 1992 el país suspendió
el servicio de amortizaciones, parte de intereses y pagos
directos.
Añadió que esos seis años pudieron ser aprovechados
ya que se permitía la prescripción de deudas no
pagadas durante dicho período, pero la Auditoría
descubrió que Ecuador "renunció unilateralmente"
al derecho de prescripción de la deuda externa comercial.
Aseguró que esa renuncia carece de respaldo legal y
subrayó que los ex funcionarios que adoptaron la decisión
deben responder por el caso que ya se ha reportado a la Fiscalía
de este país.
Según Correa, esa renuncia antecedió al "cínicamente
llamado programa de reducción de deuda propuesto por
JP Morgan en 1994 para transformar la deuda externa ecuatoriana
en Bonos Brady".
"De los 1.502 millones de dólares contratados para realizar
ese canje, se debían emplear 641 millones para programas
y proyectos de desarrollo, pero terminaron empleándose
1.009 millones para servir pagarés de una deuda que,
de todas maneras, siguió creciendo", manifestó.
Según el informe de la Comisión, para canjear los
Bonos Brady por Global se habrían cometido varias ilegalidades,
entre ellas, la falta de estudios por parte de la Procuraduría,
que habría incurrido en "falsedad ideológica" al
suscribir, sin mayor revisión, documentos redactados
por acreedores y no por esa dependencia.
"La emisión de bonos Global 2030 y 2012 presentan graves
presunciones de ilegalidad en la oferta de canje y en la contratación
de los agentes financieros. Se firmaron contratos sin autorización
presidencial y la oferta se firmó alterando las fechas
en los documentos", dijo Correa.
Añadió que en consecuencia, "todas las operaciones
complementarias a ella, como la emisión de los bonos
global 2015 -realizada en 2005- también serían ilegales".
Según el informe, los organismos multilaterales de crédito
promovieron "perniciosos sistemas de endeudamiento al operar
en alianza con poderosos acreedores privados y empresas trasnacionales
para respaldar deudas ilegítimas, como las negociadas
en el plan Brady".
Al resumir las conclusiones de la auditoría, el argentino
Alejandro Olmos, integrante de la Comisión, dijo que
se desconoce el destino de varios tramos de la deuda y que
en el endeudamiento hubo complicidad de ex jefes de Estado,
ex funcionarios estatales, diplomáticos y organismos
financieros internacionales, entre otros.
Además, se quebrantó el orden jurídico del
Estado, hubo contrataciones directas con operadores de bonos,
se obligó al país a renunciar a defensas y, entre
otras acciones, se eximió de responsabilidades a los
acreedores en diferentes aspectos.
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