CARACAS, miércoles 19 de noviembre, 2008 | Actualizado hace
09:37 PM
Bogotá.- Un total de 474 sindicalistas
han sido asesinados en Colombia desde agosto de 2002, en el
momento en el que el presidente Álvaro Uribe asumió
el poder, denunciaron hoy varias centrales obreras y de pensionados.
Además, la impunidad domina 97% de los 2.684 casos de
homicidio de líderes sindicales que han tenido lugar
en el país en los últimos 23 años, agregaron
las organizaciones de trabajadores, que advirtieron de la
persistencia de la violencia y la falta de justicia en una
carta abierta a Uribe.
El mensaje está suscrito por los líderes de la
Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT, la más
grande del país) y las Confederaciones de Trabajadores
de Colombia (CTC) y de Pensionados de Colombia (CPC), las
cuales rechazaron una invitación que el mandatario les
hizo para un encuentro en la Casa de Nariño (sede del
Ejecutivo), informó Efe.
La reunión estaba prevista para hoy, como previa a la
instalación de la mesa tripartita (Gobierno, empresarios
y sindicalistas) que deberá negociar el ajuste del salario
mínimo para el año próximo.
En la nota, la CUT, la CTC y la CPC criticaron al actual
Ejecutivo por haber dado preferencia a "una política
laboral centrada en desmontar los derechos laborales y en
descalificar y desconocer las organizaciones sindicales como
legítimos representantes de las y los trabajadores".
En este sentido, recordaron que tras asumir en agosto de
2002, para su primer mandato de cuatro años, Uribe eliminó
el Ministerio del Trabajo, que fue fusionado con el de Salud
en el de la Protección Social; promovió "leyes regresivas
en materia laboral, pensional y social", y "privilegió
como ningún otro el capital y la actividad de las empresas".
"Mientras, a los trabajadores les ha ido muy mal. Sus deterioradas
condiciones de vida y sus protestas de hoy, así lo dejan
ver", agregaron las tres organizaciones.
A la violencia y a la impunidad, prosiguieron en la misiva,
se ha unido "el tratamiento dado por su Gobierno a los conflictos
sociales y su actitud en contra de las justas luchas de los
indígenas y demás sectores sociales".
Las organizaciones sindicales y de pensionados consideraron
que es necesario que el Gobierno se comprometa con ellas en
la discusión de una agenda, conformada por 16 asuntos
de preferencia para estos colectivos.
Entre ellos mencionaron las garantías a la libertad
sindical, el cumplimiento de las recomendaciones formuladas
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
entre otros foros, y hacer a un lado los "señalamientos
y estigmatizaciones" contra los sindicalistas.
Asimismo, que haga un seguimiento a las investigaciones sobre
los crímenes mencionados y repare a las víctimas,
entre otros asuntos.
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