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Objetivos incompatibles

Si el régimen quiere seguridad ciudadana no puede incitar a la violencia

JUAN MARTÍN ECHEVERRÍA |  EL UNIVERSAL
domingo 16 de noviembre de 2008  12:00 AM

El régimen dispone de un conjunto de dirigentes que hace, en la práctica lo que les da la gana, sin que se les apliquen sanciones ni desaparezcan del escenario político. Lo anterior resalta con motivo del 23N, ya que la labor de determinados dirigentes regionales y locales ha sido tan negativa, y contra pueblo, que no les ha quedado más remedio que esconderlos y retirarlos de manera temporal de las fotografías.

Ninguna sociedad puede subsistir sin el respeto mayoritario a principios fundamentales; aunque se habla de una pretendida revolución, esta no puede construirse sobre la corrupción y la mentira. Nos referimos a la crisis de la administración de justicia, el uso indiscriminado de Pdvsa, los ataques a la propiedad privada, el menosprecio a la excelencia educativa y la negativa a crear empleos permanentes, que se demuestra con la destrucción del aparato industrial, el empleo coyuntural a través de las Misiones y el abandono de parte de las instalaciones educativas oficiales.

La mejor respuesta a la crisis de la vivienda es utilizar la tecnología disponible y ejecutar un plan masivo de construcción social, en cambio se prefiere crear cooperativas y entregar millonarios recursos a los amigos de la causa: los resultados están a la vista. La mejor respuesta a la inseguridad es la eficacia, a través de la depuración de los cuerpos policiales, la coordinación de los órganos del sistema penal y el pleno respaldo de las comunidades, pero la realidad es el incremento vertiginoso de la criminalidad violenta.

El régimen se confiesa armado, mientras los funcionarios de la policía científica tienen sueldos de hambre, carecen de los equipos más elementales y son destituidos si actúan de manera imparcial. Igual ocurre en el Ministerio Público y la Administración de Justicia, o sea, que tenemos un hampa con armas de guerra y una Justicia desarmada; eso explica el incremento de la delincuencia, la falta de capacidad operacional de la policía y la desconfianza ciudadana.

Jamás puede enfocarse el crecimiento de la delincuencia como una fatalidad latinoamericana o venezolana, los candidatos deben comenzar por ofrecer un plan coherente, y de inmediata aplicación contra la inseguridad, en sus respectivas circunscripciones electorales, porque en la medida en que un barrio rechace la violencia, ese fenómeno de rechazo social repercutirá en los jóvenes.

El régimen trata mal a la policía y en general a la justicia, que sólo resuelve los casos evidentes o que le interesan por razones políticas. En fin, se desconoce el principio predicado por Lenin de la crítica y autocrítica, se prefiere, en términos llaneros "patear el arpa", volteando hacia otro lado ante el tráfico de armas y musitando en voz baja la impunidad. La seguridad es un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado.

Se declara sobre la red de cámaras de vigilancia: ¿cuál es el tiempo de respuesta frente a un atraco a mano armada y el promedio de policías por habitantes? La realidad es que hay poco presupuesto, problemas de infraestructura, falta de equipos y capacitación.

Definitivamente, hay objetivos incompatibles, si el régimen quiere seguridad ciudadana no puede incitar a la violencia, ya que destruye su propia gobernabilidad y pone en alto riesgo al pueblo que dice defender y proteger.

juanmartin@cantv.net



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