Hay límites ciertos para la cuantía de obligaciones que se pueden endosar a unas generaciones futuras en nombre de una nación. Si estos se exceden, o se pospone una quiebra, generando más sacrificios, o muchos de las nuevas generaciones se irán del país a buscar otras oportunidades.

Amigo, si usted y su señora se fueron a Las Vegas y jugando perdieron una fortuna que no tenían… ¿le exigirían a sus hijos el firmar como garantes para cubrir la inmensa deuda resultante? Ese es uno de los dilemas que, sin estar plenamente concientes de ello, enfrentan los países que hoy comprometen inmensos recursos fiscales para resolver su actual crisis financiera.

Por los vientos que soplan, a la vuelta de la esquina, a Venezuela también le será presentada la factura por haberle jugado al chavismo. ¿Solicitaremos entonces una reestructuración no demasiado deshonrosa de lo que el mundo considera son nuestros compromisos, como lo hicimos en 1982, o no nos quedara otra alternativa que, como Argentina, ofrecer pagar solo 30 céntimos por dólar?

No sé cual será la posición de un padre chavista pero yo no voy a pedirle a mis descendientes que paguen impuestos el resto de sus vidas a cuenta de saldar una cuenta rojo-rojita, menos cuando la mayoría de nuestros acreedores, de dinero o de promesas de regalo, tienen que haber estado muy concientes que el gobierno no estaba plenamente autorizado para jugarse el destino de nuestra nación.

El Art. 133 de nuestra constitución dice correctamente que "Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley".

Pero, como el Art. 150 también establece que: "No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional, o con estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional", resulta obvio que cualquier servicio de un contrato de esas características que no cuente con la aprobación de una Asamblea legítima, no puede estar incluida entre mis obligaciones de ciudadano.

Una Asamblea, en un país notoriamente dividido, donde todos su 167 miembros son elegidos sólo entre los simpatizantes del oficialismo, simplemente no es legítima; y es totalmente irrelevante la explicación sobre el como se llegó a eso.

En tal sentido, cuando nos presenten las facturas, lo primero que debemos hacer es rechazar las fechadas después de diciembre de 2005, por ilegítimas, para luego, con responsabilidad de padres, analizar si es razonable endosarle el servicio de las facturas restantes a quienes nos habrán de seguir. Si la respuesta es negativa, tendremos entonces con vergüenza solicitar asesoría argentina, para así permitirles un nuevo amanecer a nuestros hijos, así sea uno nublado.
  


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