El informe ¿Rompiendo el control? sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, presentado por la organización Human Rights Watch (HRW), generó malestar en el gobierno del presidente Álvaro Uribe al grado de que el mandatario acusó al director del organismo para las Américas, el chileno José Miguel Vivanco, de ser "cómplice de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)".

A juicio de Vivanco, quien ha salido a desmentir tales acusaciones, la actitud de Uribe, más que prepotencia, lo que demostraría es "su desesperación por la falta de progresos en materia de derechos humanos, lo que frena su gran meta: un Tratado de Libre Comercio con EEUU".

-¿Usted apoya a las FARC?

-Esa es una acusación sin valor del presidente Uribe que no ha tenido ningún eco internacional porque carece de valor. La comunidad internacional lo sabe, y Colombia también. El Presidente, siempre ha igualado a quien le critica con un guerrillero. Es su estrategia política. Igual que el presidente Hugo Chávez: quien le adversa busca su magnicidio o es un conspirador. Son dos gobiernos, aunque opuestos, iguales en el actuar.

-Un informe del Senado de EEUU afirma que el Plan Colombia no ha funcionado. ¿No es exagerada esta afirmación tomando en cuenta las bajas guerrilleras, las desmovilizaciones, las liberaciones..?

-Ese informe es muy crítico en materia de drogas, porque Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína, pero no se puede negar que el Plan Colombia ha fortalecido al Ejército de ese país. El problema central es que el Departamento de Estado en la administración de George W. Bush ha sido poco exigente en varios aspectos ante lo que es una realidad: Colombia es el mayor aliado de Washington en la región.

-La bandera de Uribe es su Política de Seguridad Democrática. ¿En que está fallando esa estrategia?

-No hay problema de que se combata a los grupos guerrilleros, el problema es que la población civil está siendo afectada por esa exigencia del Gobierno a los militares de acabar con el conflicto y vemos que "los falsos positivos" se han ido disparando y el Gobierno no toma acción sobre esto. Tuvieron que morir 11 civiles recientemente para que Uribe tomara acciones. En estos casos hay encubrimiento por parte del Presidente.

-¿Es prudente continuar con las extradiciones de jefes paramilitares a EEUU?

-Si van a extraditar narcotraficantes, pero al mismo tiempo han violado derechos humanos, la Justicia colombiana debe agotar las investigaciones para que primero paguen en Colombia sus delitos. Luego que vayan donde quieran. Sin embargo, este modo de operar del gobierno de Uribe -de, por ejemplo, haber extraditado a 15 jefes paramilitares- sugiere que aquí había un interés por silenciar testimonios que pueden afectar a militares, políticos y empresarios.

-En el informe prácticamente dicen que Uribe, al crear la Ley de Justicia y Paz para los casos de paramilitarismo, buscaba también favorecer a esos grupos.

-Uribe frente al paramilitarismo ha hecho concesión tras concesión. Los proyectos que ha presentado el Gobierno para enfrentar esos hechos han buscado asegurar que los paramilitares no paguen un día de prisión por sus hechos atroces. Afortunadamente la Corte Suprema ha servido como freno para no permitirle al Gobierno aprobar leyes contrarias a la realidad.

-Pero con extradiciones o sin ellas, Colombia ahora es más segura e incluso se afirma que estos grupos ya se han extinguido.

-Yo todavía no conozco de casos de confiscación de bienes a líderes paramilitares. Tampoco me queda claro de si realmente se han desarticulado las mafias, y uno de los fenómenos que se están reclamando es el nacimiento de nuevos grupos, ¿o son los mismos de antes actuando con otros nombres? Hay 1.000 casos de asesinatos extrajudiciales investigándose. No son sólo entonces las FARC.

-Colombia fue un eje de la campaña del ahora presidente de EEUU Barack Obama, con una administración demócrata ¿es posible que la aprobación del TLC tenga vida en 2009 con estos hechos?

-No lo sé, es probable. Allí adentro hay muchos factores políticos; sin embargo el punto relevante es si la decisión de ratificar o no el TLC depende de una mejoría en materia de derechos sindicales, de una investigación seria de los responsables de esos delitos, si depende de estos hechos, yo no veo que exista una justificación, por ahora, que permita argumentar que es necesario ratificar el TLC.

-¿Qué exigencias pueden poner ahora los demócratas para 2009 tomando en cuenta las recientes ejecuciones de civiles y la violencia sindical?

-Hay una correlación muy fuerte entre los derechos sindicales y el libre comercio. Colombia es el país donde se reporta el mayor número de asesinatos de sindicalistas, y mientras esto no se detenga los demócratas van a seguir presionando, sumado a los propios gremios en EEUU. Esto hará ahora la tarea más difícil para Uribe.

Frank López Ballesteros
EL UNIVERSAL