Las quejas más recurrentes sobre la gestión de Manuel Rosales giran en torno a la creciente situación de inseguridad en el estado y las desacertadas políticas para minimizar la incidencia de diversos delitos en la entidad.

La participación de funcionarios de la Policía Regional (PR) en casos de robo de ve- hículos, sicariato, extorsión y secuestros ha generado des- contento entre los zulianos. Igualmente, se le ha cuestionado su relación con personajes como Henry López Sisco, quien fungió como asesor de seguridad del gobierno regional.

Asimismo, ha sido criticado por no cancelar las deudas pendientes con los jubilados y pensionados adscritos a la Gobernación del Zulia, quienes en los dos últimos años han desarrollado más de 70 protestas frente al Palacio de los Cóndores (sede del ejecutivo regional), para exigir el pago de sus pasivos laborales.

Otro de los aspectos negativos de la gestión ha sido el abandono de la vialidad agrícola y la no conclusión de obras viales como la Circunvalación N°1, N° 3 y la Troncal del Caribe.

La falta de colaboración con organismos nacionales antidrogas y la ejecución de políticas apartadas de los lineamientos de los proyectos nacionales de largo plazo forman parte de las deficiencias del actual gobernador, además de su participación en la reafirmación del gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga.