12:11 PM Bogotá.- El sindicato de la rama judicial colombiana calificó hoy de "inconstitucional" la medida del gobierno de decretar el estado de excepción para hacer frente a una huelga del sector que empezó el pasado 3 de septiembre. 

  El presidente Álvaro Uribe decretó este jueves la conmoción interior por 90 días, que puede ser prorrogada hasta por dos períodos iguales, el último de los cuales debe contar con el visto bueno del Senado, tras la ruptura de las conversaciones con el sindicato. 

  El cese de actividades fue convocado por la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal), con cerca de 42.000 afiliados, para exigir un aumento de salarios, la revisión del proceso de concursos para la vinculación de jueces y fiscales y la ampliación de la planta de personal, informó DPA.

  Las partes no lograron ponerse de acuerdo en el tema salarial y el martes pasado Uribe expidió un decreto que aumentó los sueldos en un nivel que la Asonal rechaza. 

  El incremento de sueldos para 2009 y 2010 equivale a 49,3 millones de dólares, mientras que la Asonal exige 133,4 millones. 

  Mediante el estado de excepción, el gobierno adquiere facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley y de vigencia transitoria, aunque Uribe dijo que espera que el Congreso los convierta en leyes permanentes. 

  El Consejo Superior de la Judicatura podrá desde hoy nombrar, trasladar o suspender a los funcionarios, al tiempo que los notarios pueden tener facultades judiciales para descongestionar los despachos. 

  Según el presidente de la Asonal, Fabio Hernández, la Constitución establece que la conmoción interior debe ser utilizada en caso de una grave alteración del orden público, lo cual no ha sucedido en el caso de la huelga. 

  "Es una manera de sofocar la movilización de los trabajadores judiciales. Esto va contra la imagen del país en el exterior", dijo Hernández, tras afirmar que los inversionistas extranjeros pensarán que hay un caos en Colombia. 

  Uribe justificó la medida con el argumento de que los funcionarios que están en huelga han dejado de fallar 120.751 procesos y 36.286 acciones de tutela, un amparo constitucional que invocan las personas que creen que sus derechos han sido atropellados. 

  Las centrales obreras salieron en defensa del sindicato de la rama judicial y dijeron que el gobierno se apresuró al tratar de resolver el caso apelando a un estado de excepción. 

  "Esto significa que los problemas de carácter laboral no se resuelven concertando, sino que el gobierno acude a métodos dictatoriales y autoritarios", dijo el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias. 

  A su turno, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, dijo que la medida polariza los conflictos laborales. 

  Al cumplirse un mes de la huelga, hace una semana, se conoció que más de 2.000 personas que habían sido detenidas recobraron la libertad en este tiempo por el vencimiento de términos o por problemas en la legalización de capturas de quienes fueron sorprendidos en flagrancia.