Abril Fue allanada por la PM la residencia de la periodista Marieta Santana, de RCTV Internacional.

Asesinado el locutor Oswaldo Vásquez, de Puerto Cabello.

Mayo Las periodistas Ana Karina Villalba y Gabriela Perozo, de Globovisión, denunciaron ante la CIDH haber sido víctimas de agresiones por parte de agentes del Estado.

En Bejuma (Carabobo) fue atacada la sede del semanario Dicho y Hecho, por desconocidos.

El abogado Hermann Escarrá denunció que el periodista Leocenis García, detenido en Valencia, es sometido a torturas psicológicas y teme por su vida.

El Seniat sancionó a los diarios El Nacional de Caracas, Diario Católico de Táchira y los canales Globovisión y La Tele. El Gobierno decidió cobrar una suma prohibitiva por la retransmisión de cada segundo de la señal de VTV. Los canales independientes toman de la televisora oficial las noticias relativas a las actividades del presidente Chávez y de entes oficiales, a las que se prohíbe cubrir por periodistas no oficialistas. La medida de cobro fue suspendida luego de fuertes protestas.

Junio La periodista Patricia Poleo fue señalada con base en el falso testimonio del testigo del caso Anderson, Giovanny Vásquez, por supuesta autoría intelectual y exige justicia desde su exilio.

La Cámara Venezolana de la Radiodifusión expresó su preocupación por la proliferación de más de 300 emisoras ilegales y exige al Gobierno que las cierre. Cuestionó el cierre selectivo de emisoras por el Gobierno y criticó que en el proceso de renovación de títulos que solicitaron 156 estaciones de radio AM solo se han renovado 40%.

Intensas protestas generalizadas enfrentan la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia presentada por el Gobierno para controlar actividades ciudadanas, restringir la información y las labores de los periodistas. El repudio nacional logró su suspensión.

La policía política retiene y libera al corresponsal de RCN Colombia, Jason Calderón, a quien intentaron quitarle la cinta de video donde grabó imágenes de una vivienda propiedad del ministro de la Defensa.

Fue asesinado el vicepresidente del diario Reporte de la Economía, aparentemente confundido con su hermano, director del periódico, quien había recibido amenazas personales.

El canal Globovisión denuncia presiones por parte de organismos recaudadores de tributos.

Televen fue sancionada por Conatel, por transmitir en horario "todo usuario" el programa estadounidense "Los Simpsons".

Fue asesinado en su residencia el periodista de RCTV internacional Javier García.

Julio La presidenta de la Asamblea Nacional calificó de "mercenarios de la pluma" a reporteros de los diarios El Nacional, Cecilia Calone y El Universal, Pedro Pablo Peñaloza, por publicar denuncias de la diputada Pastora Medina, en las que se señala una cantidad de familiares de la presidenta ocupando cargos administrativos en el Parlamento.

Fue encontrada muerta la estudiante de comunicación social Roxana Vargas Quintero, pasante en RCTV internacional.

La policía política detuvo por 7 horas en Barinas al corresponsal de El Nacional, Luís Dimas, y al fotógrafo Johnny Camacho, mientras investigaban la información sobre un hurto en la residencia de un sobrino del presidente Chávez.

Dayana Fernández y Luis Torres, del diario La Verdad del Zulia, denunciaron haber sido agre didos por funcionarios de la Fundación Ambiental de Maracaibo.

El SNTP denunció públicamente el "trato denigrante y vejatorio al cual el presidente Chávez sometió al camarógrafo Efraín Castro, del canal oficial VTV, durante el Aló Presidente del domingo 27 de julio, por el hecho de que el contrato colectivo del canal contiene un régimen especial para remunerar guardias dominicales".

El TSJ rechaza por tercera vez devolver la señal a RCTV.

Agredieron la sede de la emisora Color 99.5 FM en Maracay.

Agosto La Academia de Ciencias Políticas y Sociales declaró que las 26 leyes en el marco de una Ley Habilitante "presentan un contenido restrictivo a los derechos fundamentales.

Un proyecto de Ley de Telecomunicaciones preparado por el Gobierno que trascendió públicamente, fue objeto de críticas porque establece más sanciones para los medios y otorga a Chávez la facultad absoluta de intervenirlos, así como a los contenidos de mensajes a través de telefonía móvil e Internet.

"El único de los rectores del CNE considerado independiente", Vicente Díaz, acusó a Chávez de usar recursos públicos para promover sus candidatos para las elecciones de alcaldes y gobernadores a través del canal del Estado y otros medios oficiales.

Un documento confidencial del Gobierno revela un plan destinado a intervenir en las próximas elecciones utilizando a Cantv. Denuncian que "en los sótanos de la Cantv el régimen realiza grabaciones y se producen montajes de conversaciones" con asesores rusos y del G2 cubano.

Denunciada la suspensión de dos emisoras radiales por parte de Conatel por no respaldar al candidato del Presidente a la Gobernación de ese estado.

septiembre El gobierno del estado Monagas fue acusado de recoger la edición del diario El Sol donde se publican denuncias que incomodan al gobernador.

El gobernador de Miranda atacó a los medios de comunicación, denunció una conspiración contra Chávez, acusó y amenazó a Globovisión y su director Alberto Federico Ravell.

A pocas horas de presentar el informe Una década del gobierno de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de DDHH, el Gobierno expulsó del país a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch y Daniel Wilkinson, funcionario de esa ONG.

En la madrugada del 23 de septiembre, activistas afectos al presidente Chávez lanzaron bombas lacrimógenas contra la sede del canal de noticias Globovisión. En entrevista por televisión, los dirigentes del grupo que se atribuyó el ataque declararon como "objetivo militar" a Globovisión y su director Alberto Federico Ravell.

Más de 30 organismos mundiales de derechos humanos condenan la expulsión de los representantes de Human Rights Watch por parte del régimen de Chávez y denuncian que la decisión del Gobierno venezolano "está destinada a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada la reputación de estas instituciones"

El columnista del diario Correo del Caroní, Eliécer Calzadilla, crítico contra la corrupción en la región y el deterioro institucional en Venezuela, fue atacado por pistoleros desconocidos quienes, sin mediar palabras, le dispararon e hirieron gravemente en la cabeza. No se conoce el resultado de las investigaciones de los organismos oficiales sobre el caso.

El editor del diario El Nacional, Miguel H. Otero, denunció que el régimen trama una inminente acción judicial en su contra por supuesta traición a la patria y acusaciones sobre magnicidio y golpe de Estado que han hecho públicas altos personeros oficiales.

"El Gobierno pretende liquidar los espacios democráticos" denunció el 28 de septiembre un grupo de 25 intelectuales, al rechazar represalias por defender los derechos ciudadanos y en respaldo al editor de El Nacional.

El director ejecutivo para America Latina de HRW, José Miguel Vivanco, denunció que sufrió maltratos al ser expulsado de Venezuela por las autoridades del gobierno de Hugo Chávez.

Periodistas de medios de comunicación denunciaron hostigamiento por parte de autoridades en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. Los funcionarios les retuvieron sus pasaportes que presuntamente manipularon con fines de control político.

Marcel Granier, presidente de Empresas 1BC y RCTV, afirmó que las acusaciones de golpismo y magnicidio lanzadas desde el Gobierno contra periodistas y medios de comunicación, "son infundadas y que se repiten en situaciones de debilidad del oficialismo".

La ONG Reporteros sin Fronteras condenó, desde París, el atentado contra Eliécer Calzadilla, del Correo del Caroní.