La resolución de la controversia que se desató en México a partir de los resultados de las elecciones presidenciales de 2006, se resolvió en buena medida porque un grupo de agrupaciones nacionales e internacionales, entre las cuales figura la Organización de Estados Americanos (OEA), exigieron el conteo de todas y cada una de las papeletas de votación.

La petición se sustentó en la Ley Federal de Acceso a la Información vigente desde hace casi cinco años en la nación azteca y la cual obliga a todas las instancias públicas a atender las peticiones de los ciudadanos.

El periodista mexicano Jacinto Rodríguez Mungía, miembro de la Fundación Prensa y Democracia, utilizó este ejemplo para demostrar la importancia que este tipo de instrumentos tiene para la profundización de las democracias latinoamericanas.

"La aprobación de leyes de Acceso a la Información no sólo benefician a los periodistas, a quienes se les abren unas fuentes importantísimas de información, sino que toda la sociedad sale favorecida. En la medida en la que las sociedades tienen acceso a información, no sólo periodística, sino de la administración pública, se pueden tomar mejores decisiones", afirmó el comunicador durante su participación en el foro que sobre la materia realizaron ayer el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en el Ateneo de Caracas.

Rodríguez advirtió que si los ciudadanos no le exigen a sus representantes que les informen lo que hacen, entonces "la democracia se mantendrá paralizada (...) Antes en México no se sabía cómo se utilizaban los recursos para determinados servicios sociales. Hoy hay esa posibilidad".

El comunicador explicó que el marco legal de su país obliga a los funcionarios públicos a suministrar, en lapso máximo de 20 días hábiles, prorrogable por otro período igual, la información que le solicite cualquier ciudadano, mandato por el que vela el Instituto Federal de Acceso a la Información.

Por último, Rodríguez precisó que el texto legal establece algunas restricciones, por razones de seguridad y defensa del Estado, pero incluso a esa data se puede acceder después de determinado tiempo (12 años). JFA