La negativa de los funcionarios públicos a declararle a ciertos periodistas y medios de comunicación privados; así como los obstáculos para obtener información de parte de determinadas dependencias estatales, se ubicaron en el segundo lugar entre las limitaciones a la libertad de expresión registradas en Venezuela entre mayo de 2007 y agosto de 2008.

La afirmación la realizó, Ewald Scharfenberg, director del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), al participar ayer en el foro sobre acceso a la información realizado en el Ateneo de Caracas, con motivo del bicentenario de la llegada de la primera imprenta al país.

"La segunda causa de dificultad para el ejercicio del periodismo son los obstáculos para hacerse con información. Se ha vuelto normal que a un periodista no le dejen entrar a una rueda de prensa o que a determinados medios las instituciones públicas no le envíen sus comunicados", afirmó, al tiempo que recordó que en el período anterior el segundo ataque a la libre expresión que registraron con más frecuencia eran las investigaciones penales y juicios por difamación e injuria abiertos contra periodistas por funcionarios gubernamentales.

Más de 100 denuncias Durante su intervención, Scharfenberg también informó que contabilizaron 127 ataques, lo que equivale a un promedio de nueve al mes.

Sobre estas cifras, las cuales forman parte del informe anual sobre la libertad de expresión que próximamente publicará el IPYS, advirtió que han detectado un subregistro.

"Apenas 20% de los periodistas y trabajadores de los medios agredidos o amenazados acuden ante las autoridades policiales y judiciales para denunciar la situación, pues consideran que no obtendrán respuesta", agregó el vocero de la organización no gubernamental.

Tras indicar que el primer lugar, con 42,3% de las denuncias, lo ocupan "las clásicas amenazas a la integridad física de los periodistas", el director del IPYS expresó su preocupación por el hecho de que en un alto porcentaje de esas agresiones y/o amenazas se desconoce a sus autores.

"El hecho de que en 3 de cada 10 casos de ataques no se sepa la identidad de los responsables pone de manifiesto el grado de impunidad reinante", precisó.

Por último, indicó que 90% de los comunicadores atacados laboran en medios privados, mientras que apenas 6% trabajan para las empresas del Estado y que 69% de los afectados son hombres, frente a 31% que son mujeres.

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Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL