En diciembre del 2008 se cumplirán 10 años desde la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela. El Presidente Chávez fue elegido con el compromiso de reformar el profundamente desacreditado sistema político venezolano. Su primer logro importante, la sanción de una nueva Constitución en 1999, fue una oportunidad extraordinaria para que el país fortaleciera el estado de derecho y la protección de los derechos humanos. La Constitución de 1999 amplió significativamente la protección de los derechos humanos, por ejemplo, al otorgarle prevalencia a las obligaciones jurídicas internacionales en esta materia por sobre las leyes internas. También creó un nuevo Tribunal Supremo de Justicia e intentó dotarlo de la independencia institucional necesaria para actuar como el último garante de los derechos fundamentales.

Sin embargo, esta oportunidad histórica ha sido, en gran medida, desperdiciada. El revés más dramático se produjo en abril de 2002, cuando un golpe de estado destituyó temporalmente a Chávez de su cargo y lo reemplazó con un presidente de facto quien, en su primer acto de gobierno, disolvió las instituciones democráticas del país, suspendió la legislatura y desarticuló al Tribunal Supremo. A las 40 horas el golpe había llegado a su fin, Chávez volvió a ocupar su cargo y se restableció el orden constitucional. No obstante, si bien esta desestabilización de la democracia venezolana duró menos de dos días, ha acechado a la política de ese país desde entonces al darle al gobierno un pretexto para adoptar una amplio espectro de medidas que han debilitado garantías fundamentales establecidas en la Constitución de 1999.

La discriminación política ha sido una característica definitoria de la presidencia de Chávez. En algunas oportunidades, el presidente mismo ha respaldado abiertamente actos de discriminación. En términos más generales, ha incentivado a sus subordinados a tomar medidas discriminatorias al tachar sistemáticamente a sus opositores de conspiradores antidemocráticos y golpistas, independientemente de que éstos tuvieran o no alguna relación con el golpe de 2002.

Otra característica definitoria de la presidencia de Chávez ha sido el desprecio manifiesto del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución de 1999 y, en especial, de la idea que un poder judicial independiente es indispensable para proteger derechos fundamentales. Después del golpe de 2002, lo más perjudicial para el estado de derecho en Venezuela fue que en 2004 Chávez y sus aliados coparan el Tribunal Supremo con aliados del gobierno.

Ante la ausencia de una fiscalización judicial creíble, el gobierno de Chávez ha aplicado políticas con frecuencia discriminatorias que han afectado el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, el derecho a la libertad de asociación de los trabajadores y la capacidad de la sociedad civil de promover los derechos humanos en Venezuela.

Este libro examina el estado de la democracia venezolana actual desde una perspectiva de derechos humanos. No aborda todas las cuestiones urgentes de derechos humanos que enfrenta el país hoy en día, muchas de las cuales son anteriores a la presidencia de Chávez. Más bien, se concentra en el impacto que las políticas del gobierno de Chávez han tenido sobre instituciones que desempeñan un rol fundamental para asegurar el respeto de los derechos humanos: los tribunales, los medios de comunicación, los sindicatos y la sociedad civil.

Las conclusiones del libro se basan, principalmente, en una investigación desarrollada por Human Rights Watch durante varias visitas a Venezuela entre diciembre de 2006 y julio de 2008. También utiliza información obtenida durante visitas previas, realizadas a partir del año 2002. Human Rights Watch llevó a cabo extensas entrevistas con funcionarios del gobierno, autoridades judiciales, juristas, académicos, defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas en Venezuela.

Discriminación política

El gobierno del Presidente Chávez ha tolerado, alentado y participado en una amplia variedad de actos discriminatorios contra opositores políticos y críticos. El capítulo 2 documenta de qué forma el gobierno ha:

- Despedido a opositores políticos de algunas instituciones estatales y de la compañía petrolera estatal y puesto sus nombres en listas negras; 
- Negado a algunos ciudadanos el acceso a programas sociales como consecuencia de sus opiniones políticas; y 
- Discriminado contra los medios de comunicación, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil en respuesta a sus críticas o a su actividad política.

Chávez asumió la presidencia, en parte, gracias a la promesa de liberar a Venezuela de sus arraigados patrones de exclusión política. Sin embargo, si bien su gobierno logró eliminar los patrones existentes, los ha reemplazado con nuevas formas de discriminación contra sus críticos y opositores.

Aunque Chávez mismo ha reconocido, en algunas oportunidades, que la discriminación política es un problema serio y se ha manifestado en contra de ella, sus expresiones habituales de intolerancia política han servido para fomentar los actos discriminatorios de sus partidarios. En alguna ocasión, Chávez ha defendido abiertamente la discriminación política contra sus opositores.  Por ejemplo, lo ha hecho al respaldar en público las declaraciones de su ministro de energía cuando éste manifestó que la compañía petrolera estatal removería a los empleados que no apoyaran al presidente. 

Human Rights Watch recomienda al gobierno venezolano que adopte medidas concretas para poner fin a la discriminación política. Específicamente, el presidente y otros altos funcionarios deben abstenerse de pronunciamientos pudieran interpretarse como un respaldo a la discriminación política. El gobierno debería dar instrucciones claras, a todos los funcionarios del gobierno, que prohíban expresamente la discriminación política en la contratación y el despido de empleados, así como en el acceso a programas estatales. También debería investigar oportuna y seriamente todas las acusaciones creíbles de discriminación política, así como sancionar a los funcionarios responsables de los actos de discriminación.

Las cortes

El gobierno del Presidente Chávez ha logrado, en la práctica, neutralizar al poder judicial como un poder independiente. El capítulo 3 documenta cómo el presidente y sus partidarios en 2004 coparon con sus aliados al Tribunal Supremo de Justicia, y cómo el tribunal ha, en gran medida, abdicado su rol como control de las acciones arbitrarias del estado y garante de las libertades públicas.

Cuando Chávez asumió la presidencia, contaba con un amplio apoyo para depurar a un poder judicial disfuncional y profundamente desacreditado. La Constitución de 1999 creó un nuevo Tribunal Supremo con la intención de garantizar su integridad e independencia. Sin embargo, en 2004, Chávez firmó una ley que hizo posible que sus partidarios en la Asamblea Nacional depuraran al máximo tribunal y nombraran a sus aliados, modificando significativamente su composición a favor del gobierno.

La coalición gobernante utilizó esta ley para designar magistrados afines cubriendo las 12 nuevas vacantes (en un tribunal que antes tenía 20 miembros) con aliados políticos. Este nuevo Tribunal Supremo de Justicia posteriormente destituyó y designó a cientos de jueces de los tribunales inferiores.

Desde que se modificó significativamente la composición del Tribunal Supremo a favor del gobierno, el máximo tribunal ha respondido a las medidas del gobierno que amenazan los derechos fundamentales, en general, con pasividad y aquiescencia. En especial, no ha actuado para contrarrestar ataques a la separación de poderes, como la mencionada ley de 2004 que permitió copar al Tribunal Supremo con aliados del gobierno y, más recientemente, el paquete de reformas constitucionales de 2007. Tampoco ha salvaguardado derechos fundamentales en casos prominentes sobre medios de comunicación y sindicatos.

Human Rights Watch recomienda que se adopten medidas para revertir el daño causado por la ley de 2004 que permitió copar al máximo tribunal con aliados del gobierno. Luego de las próximas elecciones legislativas en 2010, la nueva Asamblea Nacional debería intentar restablecer la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia, a través de, por ejemplo, un proceso único de ratificación que requiera una mayoría de dos tercios de los votos para cada uno de los actuales magistrados que fueron designados desde la sanción de la ley de 2004.

Quienes reemplacen a los magistrados que no reciban la ratificación de la Asamblea Nacional deben ser designados con un quórum similar mediante un proceso abierto, transparente e independiente. Mientras tanto y de inmediato, la legislatura también debería derogar las disposiciones de la ley de 2004 que permiten que los magistrados puedan ser destituidos mediante una mayoría simple de votos.

Los medios de comunicación

El gobierno del Presidente Chávez ha socavado la libertad de expresión en Venezuela a través de diversas medidas que buscan alterar el control y el contenido de los medios. El capítulo 4 documenta de qué forma el gobierno y sus seguidores en la legislatura han:
- Ampliado el alcance de las "leyes de desacato", que castigan las expresiones sobre funcionarios del gobierno consideradas irrespetuosas, y endurecido las penas por calumnias e injurias; 
-  Ampliado la vaga definición de "incitación" y endurecido las sanciones correspondientes, lo cual permite la suspensión arbitraria de canales de TV y radio;
- Restringido el acceso a información pública; y
- Abusado del control estatal sobre las frecuencias de radio y televisión para amenazar y discriminar a estaciones con una programación claramente crítica.

En Venezuela aún existe un dinámico debate público, en el cual los medios opositores al gobierno pueden hacer oír sus críticas y aquellos afines a Chávez expresan su defensa del gobierno. Sin embargo, mientras Chávez enfrentaba a casi una totalidad de medios privados hostiles al momento del golpe de 2002, desde entonces ha logrado que la balanza de los medios de comunicación se incline, en forma significativa, a favor del gobierno.

Este cambio no se ha producido porque se haya promovido la existencia de medios más plurales, sino porque se actuó contra los medios de comunicación opositores y, al mismo tiempo, se promovieron medios estatales que reflejan únicamente los puntos de vista de los partidarios de Chávez.

Al expandir y endurecer las penas por delitos que penalizan expresiones y por violaciones a las normas sobre regulación de los medios, Chávez y sus partidarios en la legislatura fortalecieron la capacidad del gobierno de limitar la libertad de expresión y crearon poderosos incentivos para que los opositores se autocensuren. Periodistas que trabajan para medios de la oposición han sido procesados como consecuencia de estas leyes durante los últimos años, lo cual genera presión sobre estos medios para moderar el tono de sus críticas. Si el gobierno, amparándose en estas nuevas disposiciones, decidiera iniciar investigaciones más activamente, se reduciría drásticamente el espacio para el debate político y la libre expresión en Venezuela.

Hay un ámbito en el cual la política gubernamental sobre medios sí ha tenido resultados positivos en la transmisión de radio y televisión a nivel comunitario. El gobierno ha apoyado en forma activa la creación de estaciones de radio y TV comunitarias, cuya transmisión contribuye al pluralismo y a la diversidad de los medios en Venezuela.
Human Rights Watch recomienda que la legislatura venezolana derogue todas las leyes existentes que infringen el derecho internacional sobre libertad de expresión, incluidas las leyes "de desacato", las leyes que penalizan la difamación de funcionarios públicos e instituciones, y las disposiciones excesivamente amplias sobre "incitación" incluidas en sus normas sobre difusión de radio y televisión. 

También debería dictar leyes para garantizar efectivamente y sin discriminación el derecho constitucional de acceso a la información.  Además, después de las elecciones legislativas de 2010, la Asamblea Nacional debería crear un ente estatal que administre las frecuencias de radio y televisión y haga cumplir las leyes sobre esta materia. Deberían adoptarse las medidas necesarias para que este nuevo ente posea la autonomía institucional que CONATEL tiene en teoría, pero carece en la práctica.

Los sindicatos

El gobierno del Presidente Chávez ha intentado rehacer el movimiento sindical venezolano a través de fórmulasque vulneran principios básicos sobre libertad de asociación. El capítulo 5 documenta de qué forma el gobierno ha:

- Socavado el derecho de los trabajadores de elegir a sus representantes, al ordenar la supervisión y el reconocimiento estatal de elecciones sindicales; 
- Denegado a los sindicatos cuyos resultados electorales no fueron aprobados por el estado el derecho de negociar contratos colectivos; 
- Debilitado el derecho de los trabajadores de afiliarse libremente al sindicato de su preferencia, al favorecer a los sindicatos alineados con el gobierno; y 
- Menoscabado el derecho de huelga de los trabajadores al prohibir huelgas legítimas y tomar represalias masivas contra trabajadores petroleros huelguistas.

El presidente Chávez y sus partidarios han intentado justificar estas acciones como parte de una iniciativa más amplia para "democratizar" al movimiento sindical ante supuestos líderes sindicales corruptos y sin independencia. Sin embargo, despedir a trabajadores por ejercer su derecho de huelga, denegarles su derecho a negociar contratos colectivos y discriminarlos debido a su ideología política no promueve la democracia sindical.

Más aún, uno de los principios fundamentales del derecho internacional laboral dispone que los estados no deben interferir en los asuntos internos de los sindicatos, incluidas las elecciones de sus dirigentes. El objeto de esta prohibición-consagrada en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de los cuales Venezuela es estado parte-es evitar la manipulación política y el control estatal que, a menudo, pueden ser consecuencia de la injerencia estatal en los asuntos sindicales y que infringen el derecho a la libertad sindical de los trabajadores.

Mediante la violación sistemática del derecho de libertad sindical de los trabajadores, el gobierno de Chávez ha perjudicado a los sindicatos existentes y ha favorecido a nuevos sindicatos paralelos que apoyan su agenda política. Por ejemplo, les ha negado a sindicatos existentes el derecho de negociación colectiva hasta que celebren elecciones reconocidas por el estado, las cuales las autoridades electorales demoran e incluso suspenden. 

Mientras tanto, el gobierno negocia con nuevos sindicatos afines a Chávez, que se encuentran exentos de los requisitos electorales. Ha despedido e incluido en listas negras a miles de trabajadores de la compañía petrolera estatal que participaron en una huelga legítima, y posteriormente ha amenazado con despedir a todos los demás trabajadores que no apoyaran a Chávez. También ha promovido la creación de organizaciones de trabajadores alternativas que podrían usarse para debilitar la actividad sindical legítima, atentar contra los sindicatos existentes y eludir las leyes laborales del país.

Human Rights Watch recomienda que el gobierno deje de interferir en los asuntos sindicales y de realizar actos de discriminación política contra los trabajadores. En especial, el gobierno debería promover legislación que establezca que el control y el reconocimiento estatal de elecciones sindicales sean estrictamente optativos (a menos que exista una orden judicial) y que elimine la discreción política en la selección de las contrapartes para realizar negociaciones colectivas.

También debería abstenerse de aplicar represalias contra los trabajadores que participen en huelgas legítimas así como permitir las huelgas basadas en demandas sobre políticas económicas y sociales, tal como lo exige el derecho internacional.

Asimismo, debería modificar la legislación existente y propuesta sobre asociaciones de trabajadores alternativas, a fin de asegurar que éstas no sean usadas para someter a los sindicatos al control estatal, bloquear la actividad sindical legítima o evadir la legislación laboral nacional.

La sociedad civil

El gobierno del Presidente Chávez ha debilitado su propia capacidad para abordar los problemas de derechos humanos de Venezuela, que existen desde hace tiempo, al adoptar una actitud de confrontación agresiva frente a los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. El capítulo 6 documenta de qué forma el gobierno ha: 
- Sometido a los defensores de derechos humanos a investigaciones penales sobre la base de acusaciones infundadas o extremadamente exageradas;
- Intentado desacreditar y perjudicar a las organizaciones de derechos humanos a través de acusaciones infundadas de complicidad en la subversión; 
-  Intentado excluir a las organizaciones que recibían financiamiento del exterior de la participación en foros internacionales; e
- Impulsado legislación que permitiría la interferencia estatal arbitraria en la búsqueda de fondos y en las operaciones de las organizaciones de derechos humanos.

El presidente Chávez y sus partidarios han intentado justificar estas medidas argumentando que las organizaciones de la sociedad civil perseguían una agenda política partidista que buscaba desestabilizar al país y derrocar al presidente. Sin embargo, si bien es razonable que el gobierno investigue y juzgue las denuncias creíbles de actividad delictiva y que legisle sobre el financiamiento del exterior de las organizaciones de la sociedad civil para promover mayor transparencia, las medidas adoptadas por el gobierno de Chávez han excedido las formas legítimas de rendición de cuentas y reglamentación.

Dada la gravedad de los problemas de derechos fundamentales que enfrenta Venezuela, el gobierno podría beneficiarse enormemente de la experiencia y los aportes de los defensores y las organizaciones de derechos humanos del país para ayudar a desarrollar e implementar las reformas necesarias.

Sin embargo, las autoridades han hostigado, intimidado y marginado de las discusiones sobre políticas públicas a los principales defensores de derechos humanos. En una medida excepcional, el gobierno incorporó diversos expertos de la sociedad civil en una comisión para analizar y realizar propuestas para reformar las fuerzas policiales de Venezuela. Lamentablemente, sin embargo, la comisión sobre reforma de la policía es sólo la excepción que confirma la regla sobre el costo que acarrea la postura de confrontación del gobierno frente a la sociedad civil venezolana.

El gobierno de Chávez debería abandonar su postura de confrontación agresiva frente a los defensores de derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil. Como lo demuestra la experiencia sobre la reforma policial, incluso en el medio de una situación política polarizada, es posible lograr un compromiso constructivo que contribuya a encontrar soluciones para los problemas crónicos de derechos humanos que enfrenta el país.

El futuro de la democracia venezolana

Las recomendaciones incluidas en este informe son totalmente consistentes con el objetivo más amplio de la Constitución de 1999-objetivo apoyado públicamente por el gobierno de Chávez-de promover una democracia más inclusiva en Venezuela. De hecho, Human Rights Watch considera que los pasos recomendados son prerrequisitos para cualquier intento serio de conseguir este ambicioso y vital propósito.

Los ciudadanos de un país no pueden participar en la política de manera plena y equitativa cuando sus derechos a la libertad de expresión y asociación están en peligro. Asegurar el ejercicio de estos derechos esenciales requiere más que garantías constitucionales y discurso político. Hacen falta instituciones que sean capaces de hacer frente y terminar con prácticas estatales abusivas. Por sobre todo, es necesario un poder judicial independiente, competente y con credibilidad.

Asimismo, es crítico que las instituciones no estatales-tales como los medios de comunicación, los sindicatos y la sociedad civil-no sean sujetas a discriminación política ni a represalias por parte del gobierno.

El Presidente Chávez ha buscado activamente proyectarse como un defensor de la democracia, no sólo en Venezuela, sino en toda América Latina. Sin embargo, su presunto compromiso con esta causa es contradictorio con el desprecio, por parte de su gobierno, de garantías institucionales y derechos fundamentales indispensables para la participación democrática.

Venezuela no logrará obtener un progreso real y sostenido hacia el fortalecimiento de su democracia-ni tampoco ser un modelo útil para otros países de la región-mientras su gobierno continúe despreciando los principios de derechos humanos establecidos en su propia Constitución.