Por considerarlo como un acto que "afecta a la libertad de expresión", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la expulsión de los representantes de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, y exigió a las autoridades venezolanas que respeten a los defensores de derechos humanos.

"Cuando se ataca a un defensor quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes éstos trabajan", advirtió el organismo con sede en Washington, en un comunicado de prensa, en el cual afirmó que la medida "configura una muestra de intolerancia ante expresiones críticas que son esenciales para la democracia".

Asimismo, los comisionados Paolo Carozza, Luz Patricia Mejía, Felipe González, Clare Kamau Roberts, Paulo Pinheiro, Florentín Meléndez y Víctor Abramovich rechazaron los calificativos de conspiradores y desestabilizadores que desde el Ejecutivo nacional les endosaron a dos miembros de Human Rights Watch, por el informe en el que acusaron al presidente Hugo Chávez de "debilitar las instituciones democráticas y las garantías fundamentales en el país para consolidar su poder".

"Tanto la organización de derechos humanos (...) como sus directivos (...) cuentan con una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos", puntualizaron.

Más muestras de repulsa
La lluvia de críticas contra la decisión gubernamental de echar del país a Vivanco y Wilkinson no cesa. Ayer, la Comisión Internacional de Juristas expresó su rechazo a la resolución, a la cual calificaron de "ataque contra la libertad de expresión y la legítima actividad de defensa de los derechos humanos". En su escrito, la agrupación formada por los 60 profesionales del Derecho más prominentes del mundo rechazó la explicación del Gobierno para justificar su decisión, según la cual HRW insultó a las instituciones venezolanas.

La CIJ le recordó al Ejecutivo que las garantías fundamentales "no son, desde hace varias décadas, un asunto interno de los Estados, sino objeto de obligaciones internacionales tanto en el ámbito universal como en el regional".

Por su parte, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz calificó de "irreflexiva" la medida y denunció que la misma violó la Ley de Migración y Extranjería.

La norma antes citada precisa que antes de proceder a cualquier expulsión y/o deportación se debe abrir un procedimiento en el cual el extranjero afectado debe exponer sus alegatos ante los responsables migratorios y que sólo allí se puede adoptar una medida, la cual puede ser recurrida ante el Ministerio de Interior y Justicia.

Anoche un boletín divulgado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede para Mesoamérica en Costa Rica y que agrupa a más de 50 organizaciones defensoras de los derechos humanos, señaló que los argumentos de Venezuela "basados en una concepción absoluta de la soberanía son inadmisibles con el desarrollo del Derecho Internacional de los derechos humanos".

Indica el documento que "las organizaciones firmantes repudian este proceder del Gobierno venezolano destinado a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos y desacreditar de manera infundada la reputación de estas instituciones". Aseguraron que HRW no recibe financiación ni responde a intereses de Estados Unidos u otro país.

Piden a la OEA actuar
En entrevista concedida al diario El Mercurio de Chile, Vivanco solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que juegue un papel más activo en la región. "Más allá de las connotaciones del punto de vista del Derecho Internacional y los abusos consulares que se produjeron en Venezuela con mi expulsión, ojalá que el órgano que tiene mandato para preocuparse por la defensa de la democracia como la OEA pueda mostrar un mayor interés en la situación de Venezuela", afirmó. Posteriormente, en declaraciones a la cadena estadounidense CNN en español negó que la organización que representa tenga algún interés en desprestigiar al gobierno del presidente Chávez. "No estamos al servicio de ningún país y de ninguna tendencia política", acotó.