La ONG Control Ciudadano solicitó a la defensora del pueblo tomar en cuenta las recomendaciones del informe elaborado por Human Rights Watch y garantizar que no habrá represalias del Estado en contra de los defensores de derechos humanos y personas que contribuyeron con su testimonio a documentar dicho informe.

En un comunicado difundido ayer, la asociación civil se sumó al rechazo expresado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y fundamentó su posición "en el diálogo imposible entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el tema, debido a la intolerancia a la crítica o el disenso expresada por estos poderes públicos".

En el documento solicitó además que se determinen las responsabilidades de los funcionarios que ordenaron y ejecutaron la expulsión de José M. Vivanco y Daniel Wilkinson, "en franca violación al procedimiento previsto en la Ley de Extranjería y Migración, para la expulsión de extranjeros en Venezuela".

Por otta parte, los partidos UNT y el MAS reaccionaron contra la decisión presidencial. El alto dirigente de UNT, William Ojeda, indicó que actitud del Ejecutivo deja ver que "en nuestro país definitivamente se practica la intolerancia política y hostigamiento". María Verdial Durán, del MAS, calificó como acto sin precedentes en el país la expulsión de los activistas de derechos humanos.