El Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Industrial (Covapi) emprenderá acciones contra la resolución que tomó el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) la semana pasada.

Cástor González Escobar, abogado especializado en propiedad industrial, afirmó que el Covapi introducirá en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad al acto mediante el cual el organismo oficial decidió volver a la Ley de Propiedad Industrial de 1955.

El pasado 12 de septiembre, a través de un aviso de prensa, el SAPI comunicó la restitución de la ley de 1955, fijando así posición sobre la incertidumbre jurídica que surgió en este tema desde que Venezuela salió de la Comunidad Andina hace dos años.

Hasta 2006 el texto legal que se aplicó en el país para la propiedad industrial era la Decisión 486, legislación derivada del bloque andino, y denominada Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. Sin embargo, tras el abandono de la Comunidad Andina, la misma se siguió aplicando hasta la decisión del SAPI en días pasados. Previamente el ente oficial dio indicios de su postura en los boletines que recogen los actos administrativos en materia de marcas y patentes rescatando la Ley de 1955.

Para Escobar, la acción del SAPI excede sus facultades, ya que sólo la Asamblea, con la promulgación de una nueva ley, o el TSJ, a través de una interpretación de la Constitución, están autorizados para derogar la aplicación de la Decisión 486 en el país.

Además, señaló que retroceder a la ley de 1955 pondría al país al margen de algunos acuerdos internacionales que ha suscrito, ya que la misma vulnera derechos de patentes y registros, especialmente de los productos farmacéuticos.

En primer lugar, Venezuela se pondría al margen de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a la cual pertenece desde 1994, específicamente en lo relacionado al Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic).

También vulneraría el Convenio de París para proteger la propiedad industrial, que Venezuela suscribió en 1995.

Igualmente retornar al viejo texto legal pondría al país al margen del protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen de Mercosur, bloque en el que Venezuela pretende ser miembro pleno.

Escobar alertó que regresar a la Ley de 1955 puede causar represalias comerciales. RD