Horas antes de que una comisión de la policía política le notificara de la decisión del Gobierno de expulsarlo del país y de que tuviera que salir hacia Brasil, José Miguel Vivanco explicó los motivos que llevaron a Human Rights Watch a hacer un informe sobre el decenio bolivariano.

"De Venezuela todo el mundo tiene una opinión. Opiniones hay muchas y muy vehementes, pero lo difícil es conseguir hechos concretos. Nosotros quisimos hacer una fotografía lo más fidedigna posible de lo que está ocurriendo aquí para que el mundo la conozca", explicó el director para las Américas de la organización.

-El informe que presentó es muy duro. En él acusa al Gobierno de debilitar las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos para prolongarse en el poder. ¿No observaron nada positivo en estos 10 años?

-La Constitución es lo mejor que ha pasado en el gobierno de Chávez (...) El proceso de redacción de la Constitución fue bastante participativo y, aparte de algunos aspectos reprobables como la disposición sobre la información veraz, la Carta Magna es bastante avanzada en derechos humanos y diseña un sistema de gobierno democrático y alternativo. Sin embargo, después del golpe del 11 de abril la agenda cambió.

Felizmente el golpe fracasó, pero a partir de esa fecha el presidente Chávez empieza a abandonar selectivamente aquellos aspectos de la Constitución que le obligan a gobernar en un régimen democrático, con separación de poderes, con pesos y contrapesos; y empieza a diseñar una agenda caracterizada por la discriminación política y por el discurso de hostigamiento. El golpe se transforma en un pretexto, en una justificación para cerrar espacios y atemorizar a la sociedad civil. Quienes no están con él son golpistas.

-Pero eso no es nuevo. Ya en la campaña de 1998 el entonces candidato Chávez separó a los venezolanos entre patriotas (quienes estaban con él) y realistas (quienes lo adversaban).

-El problema es que en estos años no sólo hubo un cambio de discurso (discurso que se radicalizó), sino acciones concretas. En 2002 el Gobierno decidió hacerse con el Tribunal Supremo de Justicia y con el Poder Judicial, acabando con los atisbos de independencia que existían. La neutralización del TSJ ha sido absolutamente clave en el plan que se ha desarrollado hasta la fecha. Aquí hay un concepto: Las necesidades ideológicas y políticas del Gobierno están por encima de las instituciones democráticas. Las instituciones democráticas se respetan sólo si sirven al Gobierno.

-Pero el TSJ que se designó en el año 2000 fue tan cuestionado como el que se nombró en 2004, pues no se respetó el procedimiento establecido en la Constitución. Igual ocurrió con el nombramiento del fiscal, contralor y defensor. Para algunos esas instituciones fueron copadas con la entrada en vigencia de la Constitución.

-Una cosa es una designación y otra cambiar la estructura de una institución. Lo que hicieron en 2004 el presidente Chávez y sus partidarios fue rehacer el TSJ con mayoría simple. Aquí los 12 nuevos magistrados son todos simpatizantes del Presidente. No hay un ejemplo similar en América Latina, al menos en democracia. Es perfectamente válido que, de acuerdo con la representación electoral, salgan electos más magistrados de una tendencia que de otra, pero otra cosa es que sin una mayoría calificada se cambie la estructura de la institución.

-En el informe también se acusa al Gobierno de discriminar por razones políticas. ¿En algún otro país de la región se han encontrado con denuncias de trabajadores públicos que digan que fueron despedidos por no votar por el Presidente o por no marchar en su favor?

-Es normal que exista un debate público vigoroso y es normal que muchos de nuestros países estén, lamentablemente, polarizados, pero lo que no es habitual es que se discrimine y excluya a quienes se oponen al Gobierno, salvo en Colombia, donde el presidente (Álvaro) Uribe mantiene un grado de descalificación y agresión similar al de Chávez.

A pesar de representar extremos opuestos, Chávez y Uribe tienen una actitud similar de permanente agresión y distracción. Esa es la táctica. Los dos son maestros de la táctica de la distracción para sacarle el cuerpo a los problemas importantes.

-De acuerdo con las conclusiones del informe, ¿en Venezuela hay o no democracia?

-En Venezuela hay aún democracia. Es una democracia muy debilitada debido al ejercicio del poder del presidente Chávez, pero no hay que confundirse: Acá es perfectamente posible discrepar y los medios de comunicación pueden transmitir opiniones diferentes, pese a las limitaciones existentes.

-¿Cómo se puede corregir la situación actual?

-La herramienta final la tienen los venezolanos, felizmente acá hay elecciones periódicas y allí se pueden debatir estos temas (...) La comunidad regional tiene un papel mucho más relevante que cumplir y que no está cumpliendo, en especial la Organización de Estados Americanos (OEA), por eso hicimos este informe para que se conozca lo que está ocurriendo en Venezuela, pues el presidente Chávez presenta a Venezuela como un modelo que puede ser adoptado por la región. Hay todo un esfuerzo propagandístico para promover el modelo de Venezuela y hay algunos países que lo están tomando en serio.

Hicimos el informe porque queríamos mostrarle al mundo que Venezuela no es un modelo para nadie y que el déficit democrático no se ha reducido; por el contrario, se ha profundizado en los últimos años.

-¿Cree que esto se puede solucionar electoralmente?

-Obvio. La derrota electoral de Chávez en el último referendo (sobre la reforma constitucional) fue una excelente noticia, porque lo que proponía en materia de estado de emergencia era totalmente contrario al Derecho internacional y le permitía gobernar en estado permanente de emergencia (&) Las posibilidades de Venezuela de revertir este camino por la vía democrática son muchas.

-¿Por qué cree que la comunidad regional no ha jugado un papel más activo?

-Yo espero que el debate a nivel regional se pueda reconstituir una vez que cambie el Gobierno de Washington. Cuando Estados Unidos recupere la autoridad moral y la credibilidad perdida la comunidad internacional podría jugar un papel más activo.

jalonso@eluniversal.com