El artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre establece el derecho de los perseguidos políticos a disfrutar de la institución del asilo en cualquier país, recuerda Alfonso Medina Roa, abogado del ex dirigente estudiantil Nixon Moreno, a quien el Vaticano, en junio pasado, concedió el asilo diplomático. Por eso califica de "perversos y absurdos" las interpretaciones y criterios en los cuales la Asamblea Nacional basó su acuerdo de rechazo a la decisión soberana. "El asilo no se rescinde como si fuese un contrato entre partes".

Considera además que el Gobierno tiene una visión "muy miope" al cuestionar la legalidad del asilo a Moreno porque el Vaticano no haya suscrito la Convención de Caracas, que regula desde la década de los 60 la figura en América Latina. "La Constitución vigente y los tratados internacionales lo establecen", dice.

Pero aspira a que transcurrido un año sin que el Gobierno se pronuncie, prive la sensatez y el respeto de los derechos humanos. "La Santa Sede hizo un examen exhaustivo y cuidadoso de los recaudos que le consignamos y por eso mal podrían decidir algo que no procede".

Directo con el Vaticano Pero ayer el canciller Nicolás Maduro dijo que su despacho tratará próximamente de forma "directa con el Vaticano" el caso del dirigente opositor Nixon Moreno, a quien ese Estado europeo concedió el pasado agosto un "asilo de carácter humanitario".

"Vamos a tratar directamente con las autoridades del Vaticano" el caso de Moreno, declaró Maduro a los periodistas, sin precisar cuándo comenzarán esas diligencias, informó Efe.

El canciller, sin embargo, insistió en la posición oficial del gobierno del presidente Hugo Chávez de que Moreno es un "delincuente involucrado en muy serios delitos", entre ellos "intento de violación" e "intento de homicidio".

Reiteró que Moreno "debe ser entregado por el nuncio apostólico a las autoridades venezolanas", para que enfrente los procesos judiciales por delitos que se le imputan. OLP