Ayer se convocó a 40 posibles miembros del jurado. De ellos, once son latinos
NOELIA SASTRE
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
Franklin Durán es soltero y de momento sólo cuenta
con la compañía de sus abogados, una hermana y dos
primas para pasar el peor trago de su vida: el juicio contra
él que comenzó ayer en Miami.
El empresario venezolano de 40 años apareció cabizbajo,
pálido, vestido con un traje azul, camisa blanca y corbata
ante la juez asignada al caso, Joan Lenard.
Sentado entre dos de sus letrados, el único hombre que
sigue declarándose inocente entre los acusados por el
famoso caso del maletín no estaba esposado (a diferencia
de otras comparecencias en la sala) y se limitó a tomar
nota durante las preguntas realizadas a los potenciales jurados.
Hasta 40 personas fueron convocadas por el tribunal como
posibles miembros del jurado, que estará compuesto por
12 y otros cuatro suplentes.
De esos 40, un total de 11 se identificaron como latinoamericanos:
tres nacidos en Cuba, dos en Guatemala, otros dos Perú,
y también en Nicaragua, Brasil, Colombia y Puerto Rico.
El resto (excepto uno de Jamaica) ha nacido en Estados Unidos.
La procedencia del jurado en una ciudad con tanta población
hispana como Miami era algo que preocupaba al abogado de Durán,
Ed Shohat, porque su origen podría poner en duda su objetividad
a la hora de juzgar al acusado.
En el juicio que según el calendario judicial durará
dos semanas pero podría extenderse hasta seis, el jurado
decidirá si Durán es culpable de actuar como agente
encubierto de su gobierno en EEUU sin comunicárselo a
las autoridades competentes, y de amenazar a Guido Alejandro
Antonini Wilson para esconder el origen y destino de los 800.000
dólares que este último intentó ingresar a
Argentina desde Venezuela.
A diferencia de los otros tres acusados (los también
venezolanos Moisés Maionica y Carlos Kauffmann, y el
uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello), que se han declarado
culpables y están colaborando con la Fiscalía para
reducir su pena, Durán sigue manteniendo su inocencia,
enfrentándose a una pena de cárcel de hasta 10 años.
Lo que se espera
Arrancó así un juicio visto como un triángulo
político que involucra a tres países: Argentina
y la campaña de su presidenta, Cristina Fernández
de Kirchner, para quien supuestamente iban destinados los
800.000 dólares con los que Antonini viajó a Argentina
el 4 de agosto de 2007. Venezuela, cuyo gobierno supuestamente
envió aquel maletín lleno de dinero y Estados Unidos,
que lanzaría así una nueva ofensiva contra el gobierno
del presidente Hugo Chávez.
Durante el juicio, el fiscal Tomas Mulvihill tendrá
que probar que Durán actuó ilegalmente en nombre
del gobierno venezolano para presionar a Antonini, su amigo
con doble nacionalidad venezolana y estadounidense, para que
ocultara el origen y destino del dinero confiscado -al parecer
de forma casual- por una agente de aduanas en el aeropuerto
Jorge Newbery de Buenos Aires.
Por su parte, la defensa recordará que la ley de 1917
que obliga a Durán a registrarse como agente extranjero
es "una ley oscura que el acusado no sabía que existía".
En un documento firmado por Shohat y presentado a la Corte,
el abogado afirma que "en sus 90 años de existencia nunca
había sido aplicada para una conducta similar a ésta''.
Por otro lado, Mulvihill tendrá que volver a sacar a
relucir la presunta conexión del dinero con la campaña
de la presidenta argentina. Un asunto que nombró claramente
al comienzo del caso, pero que desapareció de sus argumentaciones
tras la crisis diplomática entre Buenos Aires y Washington.
Según los fiscales, la motivación de Durán
para ayudar a cubrir el escándalo, fue facilitar el traslado
de fondos corruptos. El abogado de Durán dice que es
"ridículo" usar esas versiones para sostener el cargo
de que su defendido estaba actuando bajo el control del servicio
de inteligencia de Venezuela. El FBI, sin embargo, tiene grabaciones
que indican que la inteligencia venezolana estuvo involucrada.
Shohat insiste en que se trata de un caso con una clara connotación
política para hacer daño al gobierno venezolano.
"Nuestra opinión es que este caso es un ataque político",
afirma una y otra vez el letrado.
Ahora tendrá muchos días para demostrarlo.
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