CARACAS, miércoles 03 de septiembre, 2008 | Actualizado hace
09:57 PM
Buenos Aires.- El Senado argentino convirtió
en ley la reestatización de Aerolíneas Argentinas
(AA) y Austral, propiedad del grupo español Marsans,
sumergidas en una grave crisis y con una deuda de 890 millones
de dólares.
Tras un acalorado debate que se prolongó por once horas,
46 senadores votaron a favor y 21 en contra. El proyecto había
obtenido la aprobación en la Cámara de Diputados
el 22 de agosto, por 167 votos positivos y 79 negativos, informó
AFP.
La iniciativa establece que el Congreso tendrá la última
palabra sobre el precio que el Estado argentino pagará
a Marsans por la aerolínea de bandera y su filial, que
será calculado por el Tribunal de Tasaciones de acuerdo
al valor de ambas compañías en junio, antes
de ingresar en cesación de pagos.
Además, el texto inhabilita al Estado a una futura reprivatización
de las empresas, sumergidas en una profunda crisis y con 40%
de su flota fuera de servicio.
El presidente del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto,
afirmó que la norma permitirá garantizar la continuidad
del sistema aerocomercial en el país y adelantó
que ahora hay que abocarse a fijar el precio de las compañías.
"El capital privado, primero en cabeza del propio Estado
Español con Iberia y luego en cabeza de un grupo privado
ha fracasado absolutamente", sostuvo el legislador, apuntando
a todo el proceso de gestión privada que comenzó
en 1990.
Sobre la gestión de Marsans, Pichetto denunció
que "hubo una acción dirigida a vaciar la compañía",
en declaraciones al canal Todo Noticias.
El controvertido proceso de privatización de AA y Austral
comenzó en 1990 durante la presidencia de Carlos Menem
(1989-1999), que las cedió por adjudicación directa
a la estatal española Iberia.
Iberia se retiró del negocio en 2001, cuando la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales de España (SEPI)
transfirió la posesión a Marsans, que pagó
un precio simbólico de un dólar y recibió del
erario público español 758 millones de dólares
para cubrir pasivos de la empresa.
La reestatización de las compañías fue saludada
con euforia por centenares de trabajadores que habían
seguido a través de una pantalla montada frente al
Congreso el debate parlamentario.
Las aerolíneas cuentan con una flota de 70 aviones,
de los cuales 40% está fuera de servicio, y controlan
el 80% del mercado aéreo doméstico, al margen de
las rutas internacionales de AA.
Marsans anticipó que no está de acuerdo en que
el Congreso sea el encargado de aprobar el precio de
las empresas y argumentó que había firmado un documento
en julio con el Gobierno en el que se acordaba establecer
en forma conjunta el precio de los activos y que la
norma no considera.
El poderoso Grupo español advirtió además
que si no están conformes con la valuación
final, acudirán al Centro Internacional de Arreglo de
Disputas de Inversiones (CIADI), que depende del Banco
Mundial.
Pero el titular de la Auditoría General de Argentina,
Leandro Despouy, afirmó este miércoles que
Marsans no presentó los balances de 2007 de las
aerolíneas, lo que, según adelantó, podría
ser utilizado contra el grupo en un eventual juicio
ante el CIADI.
Según Vicente Muñoz, director corporativo de Marsans,
al 31 de mayo de 2008 el pasivo total de AA y Austral
era de 890 millones de dólares, mientras que el
activo era de 720 millones.
Ese pasivo está en el centro de la polémica. Legisladores
opositores quieren evitar que se pague una deuda que
consideran un fraude al fisco, y sobre la cual el proyecto
a consideración del Senado no deja en claro cual será
la actitud del Estado.
La presidenta Cristina Kirchner anunció el 21 de julio
la reestatización de las aerolíneas, y desde
entonces el gobierno inyectó más de 300 millones
de dólares para garantizar la continuidad de funcionamiento
de las empresas, en las que trabajan 9.000 empleados.
El proyecto contó con el aval de la mayoría de
los gremios aeronáuticos, a quienes Marsans responsabilizó
por sus dificultades de gerenciamiento.
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