Es minuciosa la labor de quienes intentan brindarle un piso legal a los caprichos presidenciales. Mientras algunos de estos empleados buscan la manera de anular liderazgos que atenten contra la revolución, otros encuentran vías para que el máximo líder se salga con la suya, incluso por encima de la mismísima Constitución.

Estamos hablando de la mayor y más evidente muestra del desequilibrio de poder que padece Venezuela. Mientras se inhabilita a un grupo de ciudadanos para ejercer su legítimo derecho a presentar sus candidaturas a las elecciones regionales, al Presidente se le obsequia una ley habilitante con atribuciones ilimitadas.

No había terminado de ser rechazada la propuesta de nueva Constitución del pasado diciembre, cuando un resentido y soez Presidente amenazaba con volver a presentar dicha reforma nuevamente a referendo.

Es entonces, cuando, a regañadientes, nace la idea de pasarla de contrabando vía habilitante, gracias a un genuflexo poder legislativo. Y el cálculo de la maniobra se puede ver en las dimensiones del "paquetazo": 26 leyes.

Desde las milicias como guardia pretoriana del Presidente, hasta la intervención descarada en la propiedad privada, el nefasto paquete se constituye, no solamente en una abierta y descarada traición a la voluntad popular expresada el 2 de diciembre de 2007, sino también en la legalización de un régimen totalitario.

Pero el mandatario y sus cómplices se empeñan en dar la espalda a la historia, se niegan a compararse con los ejemplos de regímenes que han confiscado los derechos de la mayoría para concentrar poder groseramente en unos pocos. No hay experimento de este tono que se haya mantenido firme en la historia. ¿O será que sí lo saben?

Concejal de Baruta
druzcategui@cantv.net