El Poder Popular debe recibir cuentas claras de los gerentes que manejan los recursos
Un importante número de corporaciones se han movido,
o están por hacerlo, desde el control privado hacia el
estatal. La cuantiosa magnitud de recursos públicos involucrados
en estas transferencias ha encontrado una variedad de justificaciones,
prevaleciendo la de un carácter estratégico, razones
de soberanía e interés social principalmente. Cualquiera
sea la dimensión que escojamos para medir, el sector
publico de la economía adquiere una importancia que obliga
a diseñar y proponer al país, para su discusión,
una política gerencial que permita evaluar su desempeño
versus los cuantiosos recursos presupuestarios o externos
a él, pero en todo caso públicos, que han requerido.
La organización económica capitalista, en cualquiera
de sus formas, es controlada simultáneamente por la competencia,
las regulaciones estatales y la posibilidad de bancarrota.
Las organizaciones económicas del Estado carecen de mecanismos
transparentes que superen la consideración política
del alto gobierno o del Parlamento. Las exigencias de protagonismo
y participación democrática y en especial el desarrollo
de la contraloría social por un poder popular que apenas
comienza con sus primeros pasos, obligan al poder constituido
a trabajar a toda maquina sobre la teoría y practica
de la gestión publica revolucionaria. El PODER POPULAR,
con mayúsculas, debe recibir "cuentas claras" de los
gerentes que en su nombre manejan recursos, constitucionalmente
propiedad de los venezolanos. El Poder Ciudadano, en este
caso Contraloría y Fiscalía, reconociendo al poder
popular como expresión real de la soberanía del
pueblo, deben facilitar el ejercicio de un verdadero control
de gestión de las empresas públicas. El presidente
Chávez esta en la obligación de evitar que estas
estatizaciones acaben en más de lo mismo, asegurando
con un verdadero control social que las empresas sean en verdad
públicas, no meramente estatales.
gomezfebres@msn.com
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