Las últimas leyes que se realizaron dentro de la Habilitante amplían el poder del Ejecutivo en el ámbito económico y dejan en manos de las comunidades la ejecución de varias actividades.

El reporte Análisis Venezuela de la firma ODH referente a las implicaciones económicas de los nuevos instrumentos señala que los textos que representan más riesgos son la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Las dos primeras leyes destacan por el intento de avanzar en el establecimiento de instituciones y mecanismos de carácter socialista como por aumentar las posibilidades de intervención directa del gobierno en las actividades económicas privadas. En el caso del marco para la Fuerza Armada se busca alinear a la institución al proyecto político del gobierno.

En ese sentido, la firma considera que los textos tienen elementos compartidos como el mayor nivel de discrecionalidad del Gobierno, el incremento de las sanciones y el aumento de la participación comunitaria.

En detalle En informe dice que el Ejecutivo puede actuar con mayor discrecionalidad en la toma de decisiones y asignación de recursos en línea con el modelo socialista. En esas áreas destaca la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, porque permite ampliar potestades de control en el sector alimentos, y la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios, la cual no sólo regula a los proveedores sino también a toda persona natural o jurídica que participe en la cadena de distribución, producción y consumo.

Para la firma por ejemplo, el concepto de acceso a los alimentos es un criterio para establecer medidas de planificación centralizada y elevar la supervisión. Agrega que a través de la Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas se contempla la obligación de reestructurar créditos vencidos sin establecer garantías que protejan la viabilidad financiera.

En relación a las sanciones, el reporte apunta que en la Ley para la Defensa de las Personas al Acceso a los Bienes y Servicio, la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria y la Ley de Salud Agrícola Integral se incrementan las posibilidades de sanciones por el incumplimiento de las normas.

"El bajo nivel de independencia del sistema judicial, la poca claridad en cuanto a los requerimientos regulatorios y los amplios poderes discrecionales del gobierno elevan el riesgo regulatorio al abrir la posibilidad de que ese tipo de medidas pueda ser usado para promover objetivos del gobierno en diversas áreas. Si bien algunos de los instrumentos aprobados son en apariencia relativamente neutrales, la ampliación de competencias y el uso discrecional de esos nuevos poderes puede convertirse en un mecanismo indirecto de amenaza al sector privado sujeto a dicha regulación".

Sobre la participación comunitaria se indica que los textos reducen las posibilidades de fiscalización directa para ser sustituidas por los entes formales, pero siguen siendo unas autoridades informales las que colaboran con institutos oficiales. MAH