VÍCTOR SUÁREZ

Intenciones congeladas

Aparte de la generalizada protesta nacional ante el paquete de 26 decretos-ley que el Presidente dictó a última hora de su mandato habilitante, el contenido del que se le quedó en la manga (Telecomunicaciones y afines, revelado en esta columna el 17 de agosto), jurungó aun más el avispero. En este caso sobrevino una especie de juego teatral entre funcionarios gubernamentales que no lograron ocultar las intenciones del Ejecutivo de regular in extremis los servicios e imponer disposiciones que alguien calificó de contra natura. El Tribunal Supremo avaló su carácter "orgánico", con lo cual comprobó su existencia, pero la Asamblea Nacional lo negó, aunque horas antes la ministra de Telecomunicaciones lo había admitido: Días después el mismo Presidente se ocupó de desechar su pertinencia. "¿Que yo necesite una Ley (de Telecomunicaciones) para limitar la libertad de expresión? Para nada", "cuando tuve la oportunidad de oro para cerrarlos a toditos (los medios comunicación en abril de 2002), no lo hice. No me la den otra vez", bramó su advertencia.

Una semana después del aspaviento, los gremios, entes y empresas involucrados aún no terminan de estudiar lo que se ha constituido en un borrador de intenciones. Personalmente pienso que ese proyecto se quedará deambulando en el éter mientras pasa la tormenta electoral del 23 de noviembre, y que luego de un período de consultas (que había sido obviado en el primer amago) quizá sea sometido a la consideración de la Asamblea Nacional durante el primer semestre de 2009. Entonces el debate será más abierto y mejor informado.

El ojo crítico nacional se ha enfocado en los aspectos del proyecto que ha considerado más estatistas, punitivos, controladores y lesivos a la libre competencia y a las libertades de comercio, información y expresión. Sin embargo, el ensamblaje legal filtrado a los medios contiene muchos aspectos que en efecto requieren de un efectivo marco regulatorio, el cual va mucho más allá que los relacionados con las telecomunicaciones. Entre ellos se encuentran actividades como el comercio electrónico, la certificación de firmas electrónicas, la validez de la cédula electrónica de identidad, definición de las instancias competentes, la seguridad electrónica, la mensajería electrónica y muchas más que contienen la electrónica como cognomento. También requieren de regulación específica las actividades del comercio y explotación de los recursos satelitales, cuestión que está incluida en el proyecto. También existen en el proyecto asuntos que por ser meros anuncios (como el del punto único de acceso a Internet) no necesariamente deberían formar parte de una ley, sino de un reglamento, ajustado éste a las obligaciones y previsiones internacionales que prescriben los organismos encargados de la gobernabilidad mundial de la red. Y también se acopian temas que el avance tecnológico podría borrar en breve plazo (como la obligatoriedad de la utilización de la Señalización Número Siete en las redes de telecomunicaciones).

La ministra Socorro Hernández ha atinado al decir que la creación del Ministerio de Telecomunicaciones (febrero de 2007) requiere de "un piso (legal) para que pueda trabajar mejor". En efecto, ese ministerio agrupa una serie de áreas que obligan a una reestructuración de la burocracia. Un ejemplo: Conatel, hasta ahora ente regulador de las telecom, deberá extender su autoridad hasta los organismos que regulan las actividades informáticas y los servicios postales. Es pertinente el reacomodo burocrático, consecuencia de la nueva estructura que crea.

Todas estas cosas y muchas más seguramente serán motivo de una discusión más serena, dirigida a la búsqueda de consensos, una vez que pase el vendaval sobrevenido tras el descubrimiento de que alguna falla en las sincronías gubernamentales permitió a la opinión pública conocer y denunciar lo que se le quedó en la manga al Presidente.

Digital en Colombia Colombia eligió el jueves el estándar que regirá la transición de su televisión analógica a la digital. La Comisión Nacional de Televisión (CNTV), organismo plural e independiente de toda tutela presidencial, decidió que el formato será el Digital Video Broadcasting (DVB), de origen europeo. En esa senda, hasta ahora, le acompaña Uruguay. Se estima inicialmente una inversión de 220 millones de dólares para rehacer y habilitar las redes públicas y privadas de televisión, que deberán comenzar a transmitir en el nuevo formato a partir de 2010, con la previsión de un período de 10 años para que tenga efecto el cese de las operaciones bajo las tecnologías que habían imperado desde que nació la TV (apagón analógico).

La CNTV espera que en 24 meses, 25% de los colombianos accedan a la señal digital de los canales privados abiertos, pero no se aventuró a decir si esperaba igual disponibilidad de las redes públicas.

Venezuela está en mora de ocho meses para anunciar su decisión soberana, en un análisis de opciones que no incluyó al estándar estadounidense. En Colombia, durante dos años y medio de análisis y pruebas técnicas, de impacto socioeconómico, encuestas a millón y medio de televidentes, y tras siete viajes internacionales, 13 foros regionales y discusiones en el Parlamento, al descarte fueron los formatos ATSC, desarrollado por EEUU; ISDB-T, por Japón; DVB-T, por la Unión Europea; y DTMB, por China.

"Colombia adoptó el estándar europeo por ser el que mejor se ajusta a las necesidades de nuestros televidentes, a la industria audiovisual y a la topografía colombiana", dijo María Carolina Hoyos Turbay, directora de la CNTV. "Buscamos tener mejor calidad de televisión para los próximos 30 años".

La Unión Europea, a través de los organismos de cooperación, complementó su oferta con elementos imprescindibles para una negociación de este tipo: En transferencia tecnológica, destinará apoyo financiero para proyectos de investigación y desarrollo promovidos por Colombia; instalación de una oficina para la asistencia en la implementación de la tecnología, y, tercero, de mucha importancia, otorgamiento de líneas de crédito blando para financiar la digitalización de los radiodifusores.

No se prevén subsidios al público para la adquisición de decodificadores ("son muy baratos y accesibles, esa es la economía de escala mundial").

En sus alegatos a favor de la decisión, la CNTV señala que el estándar DVB-T ofrece la posibilidad de implementar servicios como movilidad, multicanalidad, alta definición (HDTV), definición estándar (SDTV) e interactividad. Además, que ya fue asumido por 120 países del mundo, lo que garantiza una economía de escala que hará que se traduzca en beneficios en materia de precios al televidente. Adicionalmente, esto garantiza una muy buena oferta de proveedores y apoyo técnico.

vvsuarez@cantv.net