MARIANNA PÁRRAGA

EL UNIVERSAL

La estatización de servicios como la electricidad y la telefonía y el posterior anuncio de la toma de las empresas productoras de acero y cemento le garantiza al Ejecutivo el control sobre actividades productivas y rentables, particularmente en los casos en que está involucrada la exportación de materias primas.

Sin embargo, el proceso de toma de control de empresas relacionadas con el mercado interno de combustibles no promete sino sumar números rojos a las cuentas del Estado, al tratarse de negocios que siguen tratando de nadar contra la corriente de las regulaciones para evitar una estrepitosa quiebra.

El caso de los mayoristas de combustible -los que colocan la marca a las estaciones de servicio- es uno de los más ilustrativos, pues los márgenes de comercialización de los cuales dependen sus ingresos están paralizados desde 2002. Mientras a duras penas los dueños de las estaciones y los transportistas de gasolina recibieron ajustes en los últimos años, principalmente para cubrir sus costos laborales, los mayoristas han tenido que hacer maromas para rendir los BsF 0,00589 que les quedan por cada litro vendido.

En consecuencia, las transnacionales que participan como mayoristas en el mercado interno han paralizado el proceso de inversión que iniciaron entre fines de los 90 y principios de esta década, mientras que los privados nacionales se han debido conformar con absorber las estaciones abandonadas por otros.

Tras la salida de Shell en 2005 de un grupo de 190 estaciones que abanderaba y el anuncio de Mobil de que traspasaría 90 gasolineras por la partida de Exxon Mobil del país en 2007, las únicas transnacionales que se mantienen activas, más por inercia que por interés, son BP y Texaco con unas 180 bombas.

De ese modo, la mayor participación privada en el mercado interno les corresponde a los mayoristas nacionales Trébol Gas, Llanopetrol, CCM, Petrocanarias, Petrolia y Betapetrol, que en conjunto abanderan unas 670 estaciones de servicio.

Son estas compañías, que sin distinción pasarán a manos del Estado según la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustibles Líquidos, las que presentan peor situación económica.

Un estudio hecho en 2006 por la Cámara Venezolana de Mayoristas de Hidrocarburos indica que para poner sus cuentas en orden necesitaban para ese momento un alza de 93% en los márgenes, que no se les concedió.

Flota barata Mientras el costo de los repuestos sigue en alza y los fletes se ajustan con suerte una vez al año, la situación de las firmas de transporte de combustible podría calificarse de precaria.

En 2006, el gremio pidió un ajuste de 0,00975 bolívares fuertes por litro y se le concedió un aumento de BsF 0,003, un tercio de lo solicitado. En noviembre del año pasado, y en medio de protestas laborales y amenazas de paro de los choferes, el Ministerio de Energía y Petróleo les permitió otro ajuste, esta vez de BsF 0,0031 en promedio, que en su mayoría debió ser trasladado a los salarios del personal.

Los efectos de la congelación de los márgenes de los transportistas también son visibles: han salido de circulación decenas de unidades, cuyo costo de reparación no ha podido ser asumido por las compañías, las rutas más largas cuentan cada vez con menos cisternas y la compra de gandolas nuevas prácticamente se restringe a las cooperativas, que han recibido laxos financiamientos de Pdvsa.

Tal como ocurre con los surtidores y tanques adquiridos por los mayoristas, el valor en libros de los activos de transporte se ha depreciado aceleradamente. Consultado sobre las razones que motivan a Pdvsa a hacerse de una flota casi obsoleta de transporte, el titular del Menpet y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, indicó que por ahora eso es lo que hay, pero a futuro la estatal petrolera prevé incorporar 15% más de unidades.

Este fenómeno genera preocupación entre las empresas sujetas a la posibilidad de expropiación que contempla la nueva ley, pues su artículo 9° indica que sólo se reconocerá el valor en libros y las inversiones hechas.

Para los privados, esto se traduce hoy en montos irrisorios que no serán suficientes para compensar la pérdida de sus compañías. Mientras, para Pdvsa significa la absorción de actividades atomizadas y con poca o nula rentabilidad, así como la obligación de trabajar en forma directa y permanente con miles de dueños independientes de estaciones de servicio, cuyos estados financieros se encuentran tanto o más deteriorados que los del resto de los integrantes de la cadena de comercialización del combustible.

"Los privados no pueden alegar que por culpa del margen no están funcionando. Si no se les puede pedir que trabajen a pérdida, el Estado restablecerá entonces el concepto de servicio público que debe tener el mercado interno", dijo Ramírez.

mparraga@eluniversal.com