Las sociedades en peligro no pueden obviar su entorno legal. Al final es la ley la que libera u oprime, por ello hoy se nos hace inevitable referirnos al llamado "paquetazo", en dos puntos muy concretos; (i) el abuso que significa la forma como se ejerció y (ii) lo riesgoso de los términos "utilidad pública" e "interés social" utilizados sin mensura en decretos leyes de suma importancia.

Sobre el primer punto lo despachamos con la contundencia de lo obvio, nadie niega la posibilidad constitucional de que en situaciones excepcionales, el Presidente requiera poderes especiales para legislar por decreto pues el debate parlamentario puede implicar retrasos que atenten contra la solución de la coyuntura, pero precisamente por excepcional, esta delegación legislativa no puede ser tan amplia en tiempo y contenido como las que se han conferido al Presidente en las dos últimas oportunidades, menos aún cuando no hay una fracción opositora capaz de generar largos debates en la Asamblea.

Pues bien, de esos polvos vienen estos lodos; de la amplitud absurda que ha caracterizado las leyes habilitantes, ha derivado este derrame legislativo conformado por casi un centenar de leyes dictadas vía decreto por el Presidente, todo un abuso y en el fondo un atentado contra principios superiores del Estado como la separación de los poderes públicos.

En cuanto al segundo punto, es preocupante que en las recientes leyes que conformen el paquetazo, los términos "utilidad pública" e "interés social" se utilicen con tanta ligereza. Los mismos para cualquier mortal parecieran aludir a loables fines que interesan a la colectividad, sin embargo, técnicamente la utilización de estas calificaciones en textos legales implica un debilitamiento de derechos constitucionales para los sujetos de esas leyes.

Concretamente suponen una mengua de derechos como la propiedad y la libertad económica por la supuesta importancia de esos intereses colectivos. Es así como bajo este tecnicismo legal se han afectado activos productivos e incluso actividades como la producción acopio y comercialización de alimentos de una manera genérica, inmotivada y por tanto inaceptable e inconstitucional, lo cual al final puede terminar por afectar a los propios consumidores ante el retiro de inversiones que devienen en escasez.

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