JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL

¿Dónde está la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, la Informática y Servicios Postales? ¿Es un proyecto o una ley como tal? A partir de la publicación del contenido de una propuesta, preguntas como éstas cobran fuerza. La razón: Las declaraciones contradictorias que voceros de los distintos poderes públicos han ofrecido sobre la norma.

El martes en la mañana la ministra de Telecomunicaciones, Socorro Hernández, en declaraciones a VTV afirmó que el texto difundido era "uno de los borradores" elaborado por el Ejecutivo en el marco de la Ley Habilitante. No obstante, aclaró que "estamos llevándolo ahora a la Asamblea Nacional" y prometió que "va a ser sometido a consulta".

Horas después, ese mismo día, el presidente de la Comisión de Medios del Parlamento, Manuel Villalba, negó que el Legislativo tenga algún proyecto para regular las telecomunicaciones en el país. "Aquí no hay ningún proyecto de ley por ahora", aseveró.

Ayer, en la cadena de radio y televisión que ofreció al mediodía, el presidente Hugo Chávez también se refirió al asunto y aseguró que el Gobierno no tiene "ninguna ley pendiente". No obstante, no despejó si en efecto su tren ministerial elaboró algún instrumento para regular la telefonía, los medios audiovisuales y la Internet.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia 1.257 de fecha 31 de julio, redactada por la magistrada Luisa Estella Morales, afirmó haber recibido el 29 de julio "un ejemplar" de la norma, dictada "con base en el numeral 10 del artículo 1 de la Ley que autoriza al Presidente a dictar decretos con rango, valor y fuerza de Ley".

El texto fue remitido con el propósito de que la intérprete de la Carta Magna determinara si tenía el carácter orgánico, tal y como lo calificó el Ejecutivo. En el dictamen se consideró asertado el criterio del Gobierno, pues el documento regula "el régimen de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, nociones asociadas al derecho constitucional a la comunicación y acceso a la información".

La versión de que la ley es un borrador también queda desvirtuada con el pronunciamiento del máximo juzgado. El motivo: El TSJ sólo revisa, interpreta o conoce acciones contra leyes aprobadas no contra propuestas.

"Cualquier acción debe ser presentada después del referendo cuando la reforma ya sea norma, porque no podemos interpretar una tentativa de norma. Después de que el proyecto sea una norma podríamos entrar a interpretarla y a conocer las acciones de nulidad", afirmó Morales en agosto de 2007, cuando se le consultó sobre la oportunidad para demandar la nulidad de la fallida reforma constitucional.