VIVIAN CASTILLO
EL UNIVERSAL

Los 26 decretos-leyes promulgados por el presidente Hugo Chávez en uso de los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional (AN) conforman una estrategia para blindar el control del mandatario sobre las regiones, aun cuando pierda las elecciones del 23 de noviembre, dijo Cecilia Sosa Gómez, ex presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia .

"Que los candidatos de la oposición sepan desde ahora que, aunque sean electos no van a desempeñar los cargos para los que fueran elegidos. En los decretos se establece que el Presidente puede elegir una autoridad regional que esté por sobre la autoridad del gobernador o el alcalde".

Durante el foro Impacto de las 26 nuevas leyes, Sosa consideró como otra importante implicación del "paquetazo" que según la Ley de Hábitat las personas nunca serán dueñas o propietarias de las tierras o de las viviendas que les sean adjudicadas. Desde el Ateneo de Caracas, en un escenario rebasado en su capacidad resaltó la importancia de trabajar para poder frenar el alcance de las normas.

Apoyó la iniciativa del Bloque Gremial, Profesional y Sindical, de algunos partidos y ONG de recoger un millón de firmas para solicitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que estudie la vulneración de la Constitución Nacional a través de los decretos presidenciales.

Rocío San Miguel, presidenta de la organización civil Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa y otra de las ponentes del foro, dijo que la nueva Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana "activa la temible Ley Sapo (Ley de Inteligencia y Contrainteligencia) al facultar a lo consejos comunales a recabar y difundir información de los ciudadanos".

Subrayó que en la norma hay un entramado de artículos que son claves para las intenciones presidenciales de control, al tiempo que indicó que a partir de ella se abre la posibilidad de establecer un enemigo interno, muy parecido a los que se crearon en la doctrina de Seguridad Nacional de Argentina, Chile y Uruguay en época de dictadura.

"Probablemente se configuren listas de quienes acceden a ser parte de las milicias bolivarianas o de los comités de defensa integral, ellos serán considerados patriotas. Pero quien reivindique su posición de civil engrosará la lista de los enemigos de la Patria".

María Corina Machado, directivo de Súmate y organizadora del evento instó a aunar esfuerzos para dar a conocer el contenido de las leyes, y cómo afectan. Indicó que existen varios mecanismos para derogar las normas, entre los cuales está el referendo abrogatorio por iniciativa popular que requiere las firmas del 5% de los electores.