Reforzar la participación ciudadana con la creación de mecanismos y políticas que permitan a los ciudadanos tomar parte en la gestión y prestación de servicios de telecomunicaciones, informática y postales, así como su contraloría, es uno de los objetivos establecido en el decreto presidencial identificado con el número 6.244, por medio del cual se promulgaría la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales.

De acuerdo con la exposición de motivos del documento, desde la promulgación en el año 2000 de la anterior Ley de Telecomunicaciones, la ciudadanía no ha ejercido efectivamente la prestación directa de servicios o el control de los mismos. Por esta razón, se decide afianzar legalmente la incorporación de las comunidades al crear un apartado dedicado a la participación en la nueva norma.

Según el artículo 60 de la ley, "el Ejecutivo promoverá la participación de la comunidad a través de la promoción de espacios que sirvan a su incorporación (...) en el desarrollo, aplicación y uso de las telecomunicaciones, informática y servicios postales"; así como también estimulará a la poblción a identificar sus necesidades en la materia y autosatisfacerlas.

La primera tarea será compartida con los operadores de los servicios de telecomunicaciones, pues el apartado 61 sostiene que deberán generar mecanismos de comunicación "efectivos y protagónicos" con las comunidades, para garantizar la participación de las mismas en ese ámbito.

Para el abogado Gabriel Ruan esto significa una nueva carga para los operadores privados, pues "estarían obligados a ceder espacios, en el más ampio sentido de la palabra, a los usuarios y organizaciones creadas por el Estado".

Control compartido
En materia de control, la ley establece que el Estado impulsará el desarrollo de mecanismos que estimulen a las "organizaciones sociales de base" a participar en las actividades de regulación realizadas por el Gobierno en el sector de las telecomunicaciones. Entre dichas labores, se incluye "la formulación, planificación, intercambio, administración y contraloría de la gestión pública en el desarrollo, aplicación y uso de las telecomunicaciones".

Además, las comunidades también podrán ejercer labores de defensa y control fuera del ámbito gubernamental, bien sea creando organizaciones para defender los derechos de los usuarios o aportando información al Ministerio de Telecomunicaciones e Informática sobre la calidad de la prestación de los servicios regulados por esta ley, según lo indican los artículos 63 y 65 de la norma.

Otra de las novedades se refiere a los medios comunitarios y alternativos, que bajo la denominación de "sistema nacional de comunicación popular, alternativa y comunitaria", recibirán apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones e Informática. Ahora bien, el marco legal no explica qué tipo de ayuda otorgará o de qué manera.

Con información de Rebeca Fernández