Se discute la inconstitucionalidad de las 26 leyes del llamado "paquetazo". Los más acreditados abogados constitucionalistas así lo aseguran. Yo, como abogado procesalista, observo lo siguiente: El grupo de las 26 leyes fueron enunciadas en el sumario de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 38.984, de fecha jueves 31 de julio de 2008. La que encabeza esas publicaciones dice: "Decreto Nº 5.999 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo. (Véase Nº 5.889 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). Y así, con idéntica coletilla, deja constancia de 25 decretos más, contentivos cada uno de un nuevo texto legal. Pero las Gacetas Oficiales Extraordinarias allí anunciadas no fueron promulgadas o al menos hechas del conocimiento de los ciudadanos, hasta el día lunes 04 de este mes de agosto, cuando salieron las Gacetas Extraordinarias, aunque retrotrayendo su fecha al 31 de julio de 2008.

Ante estos hechos, como ciudadano y abogado, debemos ir a la Constitución para conocer cuál es el criterio aplicable a estos hechos. En el Título V: "De la organización del Poder Público Nacional", en su Capítulo I "Del Poder Legislativo Nacional", en su SECCIÓN CUARTA "DE LA FORMACIÓN DE LAS LEYES", encontramos el artículo 215, donde se lee: La ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente "Cúmplase" en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Pero qué es "promulgar"? El DRAE (Diccionario de la Real Academia Española, versión 1992) dice: promulgar, (del lat. promulgare) tr. Publicar una cosa solemnemente& 3. Der. Publicar formalmente una ley u otra disposición de la autoridad, a fin de que sea cumplida y hecha cumplir como obligatoria.

Establecidos claramente estos conceptos, nos queda aplicarlos al caso concreto. La Constitución exige que para que una ley sea promulgada y por tanto sea conocida y de obligatorio cumplimiento, debe ser "publicada", pero además exige que la publicación incluya la orden del Ejecutivo ordenando su ejecución, con el mandato "Cúmplase". Ciertamente el día 31 de julio de 2008 se anunciaron las 26 nuevas leyes. Pero el "cúmplase" no salió publicado (o promulgado) sino cuatro días más tarde. Aunque con fecha atrasada. Las 26 leyes fueron promulgadas y ordenadas cumplir, es decir, no fueron conocidas por el pueblo cuando se anunciaron (31 de julio de 2008) sino el lunes 4 de agosto de 2008. Este hecho no tendría mayor importancia si el órgano que dicta la Ley fuera su órgano natural: la Asamblea Nacional. Pero no es así. Quien las dicta es el Presidente de la República haciendo uso de los poderes delegados a través de una Ley Habilitante que fenece justamente a las doce de la noche del día en el cual se anuncian las leyes pero no se promulgan.

Estemos claros: si estas leyes fueran válidas, también lo sería el anunciar en el Sumario de la Gaceta Oficial del viernes 21 de noviembre próximo una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo -que igual también legisla cuando le conviene al régimen- nombrando los integrantes del Consejo Nacional Electoral, para publicar el lunes 24 en la noche, la ratificatoria de las actuales -si le conviene al gobierno- o nuevas autoridades, que sean más dóciles y puedan manejar mejor los resultados de la elección del 23 de noviembre. Absurdo, cierto...

Y entonces, ¿cuál es la consecuencia legal? Para mí es muy clara. Las 26 leyes del "paquetazo" fueron promulgadas después de haber llegado a su fin los poderes habilitantes del Presidente. Fueron leyes dictadas por una autoridad que no tenía facultades para hacerlo, de acuerdo con la Constitución vigente. ¿Usted que opina?

Abogado procesalista
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