JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL

Los miembros de la etnia yukpa deben estar complacidos con la orden que el presidente Hugo Chávez giró el pasado domingo al Ministerio del Ambiente para que terminara el proceso de demarcación de sus tierras, el cual ha debido concluirse en 2001, pues si hubieran esperado que el Tribunal Supremo de Justicia atendiera sus reclamos seguirían igual.

La Sala Político Administrativa, primero; y la Sala Constitucional, después, rechazaron ordenarle al Ejecutivo cumplir con el mandato establecido en la disposición transitoria 12 de la Carta Magna, la cual le daba 2 años, a partir de la aprobación de la norma fundamental, para fijar las zonas pertenecientes a estos grupos.

La instancia presidida por la magistrada Evelyn Marrero no consideró justificada la denuncia contra el Gobierno, pues, a su juicio, "cuando el Constituyente se refirió (...) a que el proceso de demarcación debía realizarse en el lapso de 2 años, no aludió a que debía culminarse dentro de dicho lapso, dado que, en atención a lo dispuesto en el artículo 119 eiusdem, el Ejecutivo no sólo debía encomendarse en la tarea de demarcar el hábitat y tierras indígenas, sino que además debía garantizar la propiedad colectiva de sus tierras".

Por su parte, la Sala Constitucional se negó a revisar este fallo, alegando que "no contribuiría a la uniformidad jurisprudencial".