CARACAS, miércoles 27 de agosto, 2008 | Actualizado hace
REYES THEIS
EL UNIVERSAL
El fallido decreto presidencial identificado con el número
6.244, por medio del cual se promulgaría la Ley Orgánica
de las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios
Postales, establecía la creación de un punto único
de interconexión a Internet, lo que según el director
de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, podría
permitir al Estado intervenir los contenidos en la red.
La disposición final décima octava del referido
proyecto de ley establece: "El Ejecutivo nacional creará
un punto de interconexión o punto de acceso a la red
de proveedores de servicios de Internet, con la finalidad
de manejar el tráfico con origen y destino en el espacio
geográfico de la República (...)".
Correa explica que, actualmente, los proveedores de servicio
de Internet no tienen que interconectarse con la Compañía
Nacional Telefónos de Venezuela (Cantv) para brindar
el acceso a la red, sino que pueden hacerlo directamente.
"La preocupación es sobre los mecanismos de control
de contenidos que pueda aplicar (el Gobierno) si sólo
se tiene un solo punto de interconexión", añade
el vocero de Espacio Público.
"Qué garantía hay de que no exista un control de
la sociedad y que este punto de acceso a la red no va afectar
el acceso a determinado tipo de informaciones", se pregunta
Correa . "Este tipo de disposiciones genera reservas y preocupación",
dijo.
Razones de "seguridad"
Otra variación del proyecto de ley tiene que ver
con la atribución presidencial para declarar como "reservados
al Estado" los servicios o actividades de telecomunicaciones,
informática y servicios postales "para la seguridad y defensa
nacional". La actual Ley de Telecomunicaciones sólo le
daba esta atribución al mandatario en los servicios de
telecomunicaciones.
Según Correa, las restricciones a la libertad de expresión
están permitidas por razones de seguridad y defensa,
pero para ello "tiene que demostrar (el Estado) la necesidad
de hacer esa reserva (sobre los medios radioeléctricos
y las telecomunicaciones)". "Lo que hay es una extensión
de las atribuciones del Ejecutivo y sin ningún tipo de
control institucional. Son decisiones unilaterales", señala.
El proyecto estaba listo para ser aprobado por el presidente
de la República Hugo Chávez, en el uso de sus poderes
especiales para legislar, pero finalmente será la Asamblea
Nacional la que se encargará de su aprobación.
Reyes Theis
EL UNIVERSAL
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