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El fallido decreto presidencial identificado con el número 6.244, por medio del cual se promulgaría la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales, establecía la creación de un punto único de interconexión a Internet, lo que según el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, podría permitir al Estado intervenir los contenidos en la red.

La disposición final décima octava del referido proyecto de ley establece: "El Ejecutivo nacional creará un punto de interconexión o punto de acceso a la red de proveedores de servicios de Internet, con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en el espacio geográfico de la República (...)".

Correa explica que, actualmente, los proveedores de servicio de Internet no tienen que interconectarse con la Compañía Nacional Telefónos de Venezuela (Cantv) para brindar el acceso a la red, sino que pueden hacerlo directamente.

"La preocupación es sobre los mecanismos de control de contenidos que pueda aplicar (el Gobierno) si sólo se tiene un solo punto de interconexión", añade el vocero de Espacio Público.

"Qué garantía hay de que no exista un control de la sociedad y que este punto de acceso a la red no va afectar el acceso a determinado tipo de informaciones", se pregunta Correa . "Este tipo de disposiciones genera reservas y preocupación", dijo.

Razones de "seguridad"
Otra variación del proyecto de ley tiene que ver con la atribución presidencial para declarar como "reservados al Estado" los servicios o actividades de telecomunicaciones, informática y servicios postales "para la seguridad y defensa nacional". La actual Ley de Telecomunicaciones sólo le daba esta atribución al mandatario en los servicios de telecomunicaciones. Según Correa, las restricciones a la libertad de expresión están permitidas por razones de seguridad y defensa, pero para ello "tiene que demostrar (el Estado) la necesidad de hacer esa reserva (sobre los medios radioeléctricos y las telecomunicaciones)". "Lo que hay es una extensión de las atribuciones del Ejecutivo y sin ningún tipo de control institucional. Son decisiones unilaterales", señala.

El proyecto estaba listo para ser aprobado por el presidente de la República Hugo Chávez, en el uso de sus poderes especiales para legislar, pero finalmente será la Asamblea Nacional la que se encargará de su aprobación.

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