Debemos estar atentos a dos procedimientos que apuntan a lo mismo aunque caminen separados. Se trata de la investigación que las autoridades colombianas adelantan con relación a las redes de las FARC dentro y fuera de su territorio para descubrir, procesar y condenar a quienes resulten miembros, cómplices o cooperadores de esas estructuras del crimen organizado que les sirven de instrumentos operativos para acciones terroristas, tráfico de drogas y lavado de dinero negro, entre otras.

Por otra parte, está en Bogotá el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. Por iniciativa propia, con la aprobación de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI al considerarla procedente, adelanta una investigación similar, en este caso, ampliada hacia el entrabamiento institucional existente con las recientes extradiciones de jefes paramilitares.

A esta iniciativa del Fiscal podría sumarse la acción directa del país vecino en la CPI una vez concluido su trabajo unilateral. Recordemos el anuncio que el presidente Uribe hizo, atemperado luego gracias a uno de esos recules aparatosos de Chávez.

Pero lo cierto es que la decencia mundial unifica esfuerzos y recursos para impedir la impunidad de criminales responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. No prescriben.

La computadoras de (a) Raúl Reyes y los testimonios de quienes se han entregado o han sido capturados, ofrecen material invalorable para proceder. Venezuela se sometió a la jurisdicción de la CPI, ratificando el Estatuto de Roma en junio de 2000.

Este gobierno está obligado a colaborar activamente tanto con Colombia como con la Corte. La verdad tiene su hora. No hay secretos eternos. Chávez lo sabe.

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