El artículo 328 de la Constitución Nacional vigente establece que la Fuerza Armada Nacional es una institución "sin militancia política" que tiene como función primordial "garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del  espacio geográfico",  que en cumplimiento de esa función, "está al servicio exclusivo de la nación" y, en consecuencia, nunca estará sometida a los designios de "ninguna persona o parcialidad política". También establece que la FAN "está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional". El artículo 330 dispone, entre otras cosas, que "los integrantes de la FAN en situación de actividad" no pueden "participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político".

En la propuesta de modificación de la Constitución  rechazada el 2 de diciembre  pasado se contempló modificar el nombre de la institución armada por el de "Fuerza Armada Bolivariana" y ampliar el ámbito de su competencia estableciendo que, además de su función  natural de garantizar la independencia y soberanía de la nación, tendría como tarea defenderla de "cualquier ataque externo o interno",  para lo cual aplicaría "los principios de la defensa integral y la guerra popular de resistencia". Además se contempló agregar "la Milicia Nacional Bolivariana" como un componente más de la Fuerza Armada.
Afortunadamente esas modificaciones y todas  las demás que contenía el proyecto de reforma quedaron rechazadas en el referendo del 2 de diciembre pasado.

Sin embargo, desconociendo, violentando y profanando la voluntad popular expresada en aquel referendo, el teniente coronel Jefe de Estado, valiéndose del poder omnímodo que recibió de la Asamblea Nacional mediante la Ley Habilitante, ha introducido "por la puerta trasera" aquellas modificaciones. El decreto "con rango fuerza y valor de ley" No. 6.239 de 22 de julio último, que contiene la nueva "Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana",  no solamente recoge los cambios que  ya fueron rechazados el 2 de diciembre, sino que introduce profundas modificaciones en la estructura y funcionamiento de la Fuerza Armada.

La nueva ley incorpora la Milicia Nacional Bolivariana como "cuerpo especial", integrado por la reserva y "la milicia territorial", destinado a complementar a la Fuerza Armada, que "depende directamente del Presidente y comandante en jefe" en todo lo relativo a los aspectos operacionales.

El sólo hecho de cambiar el nombre de la institución,  denominándolo "Fuerza Armada Bolivariana"  e incorporar a la "Milicia Nacional Bolivariana" como cuerpo complementario de la misma constituye  un inadmisible  vejamen a todos los venezolanos y una burla a la voluntad  del pueblo soberano.

Además, tal como se contemplaba en la reforma constitucional, entre las funciones de la milicia figuran  las de "preparar y organizar al pueblo para la defensa integral"  y "contribuir al mantenimiento del orden interno.

Desde que el 11 de abril del 2002, los oficiales institucionales de la Fuerza Armada se resistieron a atacar con sus armas la gigantesca manifestación popular que reclamaba el respeto de sus derechos democráticos, el teniente coronel jefe de Estado no confía en la Fuerza Armada institucional.

Por eso está creando un ejército paralelo, bajo su mando directo y a su servicio exclusivo,  no sometido a los códigos de conducta y de moral del soldado patriota. Llegado el momento ese ejército paralelo que además está compuesto en su integridad por afectos al régimen militantes del partido de gobierno, no vacilará en acatar y cumplir la orden de su comandante en jefe de disparar contra  sus propios hermanos venezolanos, disidentes del régimen.

De eso se  trata cuando se le asigna a la "Milicia Nacional Bolivariana"  la función de mantener el orden interno.

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