JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL

Ningún cheque, sin importar la cantidad de ceros que tenga, interesa a los ex magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggeri, quienes exigieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que cumpla la orden que le dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los reincorpore en sus cargos o los ubique en otros similares dentro del sistema de administración de justicia.

"Nosotros tres manifestamos de manera clara y enfática nuestro deseo irrevocable de ingresar al Poder Judicial. Fuimos a la Corte Interamericana a solicitar justicia, se nos dio justicia y vamos a honrar la palabra de la Corte. Deseamos reintegrarnos a la Corte Primera o a un cargo de igual jerarquía", afirmó Rocha durante la rueda de prensa que ayer ofrecieron los tres ex jueces en el Ateneo de Caracas, acto en el que expresaron su satisfacción porque el tribunal hemisférico considerara ilegal sus remociones en 2003.

Tras aseverar que el lunes a primera hora acudirán a sus otrora despachos, en la torre Impres de la capitalina urbanización El Rosal; Apitz advirtió: "No acudimos al sistema interamericano a procurarnos cantidades de dinero. Asistimos a la Corte Interamericana a que se reconociera que nuestra destitución fue arbitraria e ilegítima y que el TSJ actuó de manera parcializada y por motivos ideológicos (...) Renunciamos públicamente a cualquier cantidad de dinero que signifique no reintegrarnos a la Corte".

El jurista aseguró que el máximo juzgado del país lo tiene complicado para no cumplir el mandato del tribunal con sede en San José de Costa Rica. La razón: La Corte Primera tiene ocho meses clausurada, pues sus últimos integrantes también fueron destituidos por supuestamente incurrir en un error grave e inexcusable.

Sin embargo, al ser interrogado sobre lo que podría ocurrir en caso de que no los reincorporen a sus puestos, Apitz señaló: "Hasta que el TSJ no cumpla queda inhabilitado".

Previendo que desde el Ejecutivo o desde el ente rector del Poder Judicial denuncien que la condena es parte de un supuesto plan extranjero contra la administración del presidente Hugo Chávez, Ruggeri dijo: "Venezuela debe cumplir esta decisión. Venezuela debe honrar sus compromisos como miembro de la Corte IDH. En la Corte IDH no hay ninguna injerencia de EEUU, porque EEUU no es miembro de la Corte. La Corte IDH es un tribunal de los países latinoamericanos, no de todos los países de América"

Jueces desprotegidos Rocha también destacó como un hecho positivo el que el juzgado hemisférico ordenara al Estado dictar el Código de Ética del Juez Venezolano a más tardar en un año, para poner fin al régimen transitorio existente en materia disciplinaria en el Poder Judicial desde la aprobación de la Carta Magna en 1999.

"Demostramos que los jueces en Venezuela son los funcionarios públicos más desamparados y desasistidos en el país. El juez es uno de los pocos funcionarios que no tiene un procedimiento legalmente establecido para garantizar su permanencia. El juez es vilipendiado cada vez que dicta una decisión y no tiene cómo defenderse, en particular del poder", concluyó.

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Juan Francisco Alonso
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